En 2014, el proyecto Monterrey VI pasó del debate técnico al político. Algunos opositores a la obra incluso llegaron a argumentar que la falta de agua en la metrópoli era un mito, pues ésta estaba supuestamente garantizada, lo que convertía a la obra en innecesaria.
Los detractores del proyecto, mayormente sin pruebas, aseguraban que el agua del río Pánuco estaba contaminada y era insuficiente para la extracción prevista.
Del lado de la iniciativa privada, entre los críticos del proyecto se identificó en aquel momento a José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa); a Eugenio Clariond Reyes Retana, presidente del Consejo de Administración de Grupo Cuprum; a Eduardo Garza T. Junco, presidente del Consejo de Grupo Frisa, y a Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo de Administración de Xignux.
La tendencia era la misma: oponerse al proyecto impulsado por el entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, sin proponer alternativas.
Para algunos, en su rechazo había no solo un trasfondo político, sino también económico, pues entre los desarrolladores del proyecto se había privilegiado a empresas nacionales, más que regionales. Se hablaba de Grupo Carso, de Carlos Slim, y Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa.
Otro de los argumentos contra Monterrey VI, impulsado desde el empresariado regio, fue que había dudas fundadas sobre corrupción, pago de moches y sobreprecios en los servicios.
En este caso tampoco hubo propuesta alguna sobre un aprovechamiento adecuado del presupuesto, sino solo consistente oposición.
Así, la crítica apagó la obra, pero de quienes la rechazaron no salió una propuesta alternativa.
Martín Hermann Bremer Bremer, investigador en Sistemas Geoambientales del Tecnológico de Monterrey, consideró entonces que los números del proyecto estaban inflados.
Humberto Armenta, en ese momento vocero de Monterrey VI, argumentó en respuesta que el monto total de la inversión era de 17 mil 684 millones de pesos, incluido el costo financiero. Empresarios aseguraban, en contraste, que el proyecto costaría 47 mil millones de pesos y endeudaría a Nuevo León por 27 años.
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En 2016, la activista Luz María Ortiz Quintos, ex presidenta de la Asociación de Padres de Familia, también se pronunció en contra.
“Queremos la cancelación del proyecto, la cancelación legal, ya no queremos prórrogas, al Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, aquí estamos casi cien organizaciones, expertos y no hemos sido invitados a sus mesas de trabajo", dijo.
Igualmente ONG, activistas y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola, presentaron ante la Oficialía de Partes del gobierno del estado un oficio en el que exigieron la cancelación del acueducto.
En octubre de 2016, el entonces senador Raúl Gracia Guzmán, del PAN, propuso un punto de acuerdo en el que exhortó al gobernador Jaime Rodríguez y a Agua y Drenaje de Monterrey a cancelar el contrato.
Al final, la obra no se llevó a cabo y hoy Monterrey se aproxima a un inicio de año en medio de nuevos cortes de agua y con un proyecto de construcción de la presa Libertad, que en lo inmediato no dará solución a la crisis de desabasto.