Para ser comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el órgano de transparencia de ese estado, no es necesario contar con determinada profesión, pero para la comisionada presidenta Dora Ivonne Rosales, su carrera como educadora ha sido motivo de descalificación por parte de uno de sus compañeros.
“Yo, de profesión, soy maestra y me he ido profesionalizando en materia de archivos, protección de datos y ahora, derechos humanos, y uno de los temas que me llamó la atención es que el comisionado (Marco Antonio Alvear) me dijo que ‘no es posible que una maestrita de kínder esté al frente de una institución’”, platica Rosales en entrevista con MILENIO, una semana después de que, en la sesión pública del 6 de mayo, realizada entre gritos y amenazas, fue destituida de su cargo como presidenta.
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El reemplazo fue operado por sus compañeros recién integrados al pleno, Marco Antonio Alvear y Roberto Yáñez, en un intempestivo cambio, propuesto y avalado sólo por ellos, en el orden del día.
Al día siguiente, Rosales, que es comisionada desde 2014, denunció en un acto público que contra ella se ha ejercido violencia de género desde el IMIPE.
Unos días después, esa sesión del instituto local mereció una condena de cada uno de los siete comisionados que integran el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la autoridad nacional, los cuales reprobaron la violencia de género ejercida en contra de la comisionada Rosales y llamaron a los comisionados de Morelos a reconsiderar su conducta.
“No podemos por un lado promover en todo el país, y entre todos los sujetos obligados, acciones para combatir la violencia de género y por otro lado, no alzar la voz ante hechos tan lamentables como los acontecidos el pasado 6 de mayo en el órgano garante del estado de Morelos”, expresó la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra.
Nunca antes el INAI se había pronunciado de tal manera por un asunto de violencia de género al interior de un instituto de transparencia local. Una semana después, la maestra Dora Ivonne lo confiesa: “sí sentí mucho miedo”. No era la primera vez que la agredían.
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Un ‘golpe’ en el IMIPE
Ese viernes 6 de mayo, el comisionado Roberto Yáñez propuso incluir un punto adicional, casi urgente: destituir a la presidenta y nombrar a un nuevo presidente.
Antes de que, en señal de protesta, la comisionada Rosales saliera del salón de plenos, el comisionado Marco Antonio Alvear gritó, manoteó y amenazó con fincar responsabilidades administrativas y penales a todo aquel funcionario del instituto que no lo obedeciera. “¡Incurre en responsabilidad quien se salga de la sesión!”, gritaba.
Sujetó del brazo a la secretaria Diana Monter y la hizo volver a sentarse para que registrara todo lo que él y Yáñez pretendían. Yáñez propuso a Alvear como nuevo presidente. Sin sorpresa, éste aceptó. Luego, Yáñez le tomó la protesta a Alvear. Y éste agradeció “la confianza”.
Así, sin que concluyera aún el periodo de Rosales, que termina el 8 de junio, y sin la designación de los dos comisionados que faltan en el pleno, Alvear y Yáñez tomaron el control del IMIPE.
Para Alvear, la sustitución de la presidenta más que violencia de género fue un asunto de “combate a la corrupción”, pues afirma que en su gestión hubo actos de desvío de recursos y peculado, por lo cual, dijo a MILENIO, existen tres denuncias ante la fiscalía anticorrupción de Morelos.
Lo que más le reclaman a Rosales es no haber guardado dinero durante dos años para pagar los salarios retroactivos de Alvear y Yáñez. Y de ahí vienen las acusaciones de supuesto desvío de recursos públicos.
Una omisión del Congreso a cuestas
Marco Antonio Alvear y Roberto Yáñez fueron nombrados comisionados del IMIPE por el Congreso de Morelos en 2018, pero no pudieron asumir sus cargos porque una persona impugnó el nombramiento y promovió un juicio de amparo, que frenó su toma de protesta.
Tras casi tres años de litigio, en abril de 2021, Yáñez y Alvear ganaron el juicio y vencieron los obstáculos que tenían para ocupar su cargo.
Llegaron entonces a reclamar sus asientos en el pleno del IMIPE, en el que se encontraba únicamente la comisionada Dora Ivonne Rosales, pues los otros dos comisionados que había, Mireya Arteaga y Víctor Manuel Díaz Vázquez, habían concluido su periodo y el Congreso local no había nombrado a sus reemplazos.
A su llegada, los dos comisionados reclamaron el pago retroactivo de sus salarios desde 2018, pero el IMIPE no contaba con el recurso, pues el Congreso local nunca aumentó su presupuesto.
A partir de ahí, los comisionados acusaron de omisión a Rosales por supuestamente no garantizar los recursos económicos para el pago de los nuevos integrantes del instituto, por lo que la amenazaron de presentar demandas penales en su contra.
Violencia de género en el IMIPE
Una semana después de que la atropellada sesión en la que destituyeron a Dora Ivonne Rosales, lamenta que, además ha habido agresiones directas en su contra, como que ya le arrancaron el letrero con su nombre que identificaba su oficina.
El quitar su personificador refleja claramente lo que buscan en el instituto: anularla.
“Ha habido una serie de situaciones en la que (dicen) ‘la comisionada ya no trae ese proyecto’, ‘la comisionada no tendría por qué saberlo’, ‘ella ya va de salida’, ‘quítenle su personificador’”, platica la comisionada.
Poco a poco, la han ido desplazando e ignorando en las novedades que hay en el instituto.
“Yo puedo entrar al salón de plenos y ver gente que desconozco, que se han ido incorporando al instituto y que no tengo la menor idea de quiénes son o qué están haciendo; de toda la información que solicito a estas dos personas que llegaron como secretarios, dicen ‘vamos a consultar con el presidente’, o sea, no tengo, en el propio Instituto de Transparencia, acceso a la información”, reclama.
A la comisionada la invade la sensación de “hacer ver que la comisionada no existe, que ya no es parte de, cuando todavía tengo algunos días”.
Ante las acciones en su contra, la comisionada prepara denuncias formales por violencia de género, mientras transcurre el tiempo para concluir su encargo, en medio de una zozobra que cada día percibe más.
“Temo por mi integridad física y más por el día en que se presentaron los de seguridad por la tarde-noche y al salir me dijeron ‘comisionada, la acompañamos’, eso no había pasado; ahora, me llevan hasta el estacionamiento y empiezo a percibir y a escuchar comentarios que me dicen ‘comisionada, cuídese mucho, no ande sola’. Esto ya provoca ansiedad”, confiesa.
FS