El partido del Morena fijó una postura contundente frente a los pronunciamientos emitidos por el Grupo IDEA respecto a los recientes procesos judiciales en el país.
A través de un pronunciamiento oficial respaldado por Ariadna Montiel, el partido oficialista advirtió que la nación no doblará las manos ante dinámicas de presión internacional ni aceptará lecciones de actores políticos externos que, en sus propios contextos, vulneraron los principios democráticos.
El documento detalla que las acciones procesales en curso corresponden estrictamente a indagatorias complejas ligadas a operaciones aduanales, financieras y empresariales.
Entre los elementos que sostienen el caso penal en los tribunales federales destaca el aseguramiento estratégico de más de 15 millones de litros de combustible distribuidos en 129 carrotanques.
Tras una exhaustiva audiencia de más de 24 horas continuas, una jueza federal determinó el desglose formal de datos de prueba idóneos y suficientes para proceder con la vinculación a proceso penal de los indiciados.
Instituciones robustas frente al oportunismo mediático
Ante las narrativas que califican la detención como un acto de persecución política, la postura de Morena descarta tajantemente que exista una privación ilegal de la libertad de carácter arbitrario.
El comunicado aclara de manera formal que el procedimiento cuenta con el debido sustento de carpetas de investigación ministeriales previas y exhaustivas, neutralizando el argumento de que el proceso penal obedezca a consignas o vendettas de orden político.
El pronunciamiento apunta directamente de igual forma hacia los aliados de Ruffo Appel, señalándolos de orquestar una estrategia coordinada de desinformación en medios de comunicación masiva.
De acuerdo con el partido, el verdadero objetivo es desviar la atención pública de los hechos delictivos bajo investigación y trasladar un debate de estricta naturaleza jurídica a la arena del escándalo mediático.
"Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad", cita el documento.
Morena recordó que el marco constitucional mexicano distribuye de manera nítida las responsabilidades procesales correspondientes: la Fiscalía General de la República se encuentra formalmente obligada a aportar la carga de la prueba; la defensa técnica retiene intacto su derecho constitucional a controvertirlas, y los tribunales federales mantienen la soberanía e independencia absoluta para resolver conforme a derecho.
El límite de la soberanía y el fin del doble rasero
Uno de los puntos más álgidos del posicionamiento es la enérgica descalificación de los integrantes del Grupo IDEA.
El partido afirma de forma contundente que dicho bloque internacional carece por completo de autoridad moral para pretender sustituir los alcances jurisdiccionales de las magistraturas y juzgados mexicanos.
Rechazaron que una instancia supranacional intente erigirse en un ente tutor capaz de auditar qué personas físicas o morales pueden ser objeto de investigación en el territorio nacional.
Por su parte, Ariadna Montiel puntualizó el arraigo de la soberanía popular mexicana frente a injerencias externas del viejo orden continental.
"El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió", aseveró la presidenta de Morena.
Montiel concluyó que la Constitución rige de igual manera sobre sectores que históricamente gozaron de impunidad procesal.
Con esta determinación, el oficialismo cierra filas en torno al debido proceso legal, la autodeterminación nacional y un modelo de justicia penal que no admite fueros políticos ni absoluciones pactadas al margen de la ley.
Ariadna Montiel acusa que expresidentes del Grupo IDEA carecen de autoridad moral
Montiel sostuvo que los 25 expresidentes de España y América Latina que respaldaron a Ernesto Ruffo Appel "carecen de autoridad moral" para cuestionar las decisiones de las instituciones mexicanas, al asegurar que varios de ellos encabezaron gobiernos marcados por prácticas antidemocráticas.
La lideresa morenista afirmó que entre los firmantes del posicionamiento hay exmandatarios cuyas administraciones estuvieron señaladas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos, por lo que rechazó que ahora pretendan presentarse como referentes en materia democrática.
"No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder. La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero", señaló.
Montiel también defendió la actuación de las autoridades mexicanas en el caso del exgobernador de Baja California y sostuvo que, en la actualidad, ninguna trayectoria política, fortuna o red de relaciones constituye un "salvoconducto frente a la ley". Afirmó que la investigación contra Ruffo Appel debe resolverse en los tribunales y no en el debate mediático.
Además, acusó que el pronunciamiento de los exmandatarios busca desviar la atención sobre las investigaciones en curso y convertir la presunción de inocencia en un mecanismo de impunidad.
En ese sentido, insistió en que el Grupo IDEA tiene derecho a expresar su postura, pero no a sustituir a las autoridades judiciales mexicanas ni a condicionar el desarrollo de las indagatorias.
Finalmente, reiteró que la detención de Ernesto Ruffo Appel "no es persecución política ni una venganza", y aseguró que el gobierno mexicano continuará actuando con apego al marco legal, la soberanía nacional y el principio de autodeterminación.
IOGE