La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó la Ley de Austeridad, con la que proponen revisar anualmente las declaraciones de bienes patrimoniales, fiscales y de intereses de los funcionarios públicos capitalinos.
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La coordinadora de la bancada, Ernestina Godoy Ramos, explicó que se elegirá de manera aleatoria a los funcionarios que deban presentar sus declaraciones para ser revisadas por la Contraloría General capitalina, junto a órganos internos de control y autónomos.
“Se efectuará una revisión anual de una muestra equivalente al uno por ciento de los servidores públicos de cada ente público, la cual será seleccionada aleatoriamente por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción”, indicó Godoy.
En sesión ordinaria, Godoy Ramos resaltó que los criterios de selección, el mecanismo y los nombres de los servidores públicos serán públicos, además de que las medidas de austeridad serán aplicables a los Poderes Legislativos, Ejecutivo, Judicial, alcaldías, así como entes públicos autónomos.
“Esta ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental en la Ciudad de México”, apuntó.
La diputada capitalina planteó que ningún funcionario público reciba un sueldo superior al fijado para la titular de la Jefatura de Gobierno y cancelarán gastos destinados a la contratación de seguros de gastos médicos privados, así como seguro de separación individualizada.
La inciativa de propone que tampoco se crearán plazas adicionales a las existentes y sólo las personas servidoras públicas de mandos superiores en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer de servicio de escolta y blindaje automotriz.
Destacó que los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y de modelo austero, sin embargo, se buscará que preferentemente sean aquellos que generen menos daños ambientales (eléctricos, híbridos).
Señaló que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos con un monto superior a los 4 mil pesos y los que realicen algún viaje tendrán prohibido la adquisición de boletos de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.
En cuanto a los viáticos, indicó que el monto será determinado por los lineamientos que al efecto emitan los órganos internos de control, además de que deberán remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos, en un plazo de 15 días hábiles.
Finalmente añadió que los ahorros realizados tras la aplicación de esta ley deberán ser destinados a programas de atención a la población, y programas prioritarios de atención a la población, así como programas sociales.
En septiembre pasado, el legislador morenista, Carlos Castillo, presentó una iniciativa en esta misma materia, por lo que ambas propuestas serán dictaminadas por las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.
FLC