Morena denunció a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ante el Órgano Interno de Control por uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada a través de encuestas que el Instituto ha realizado, en las cuales se incluyen preguntas de reconocimiento del funcionario.
Lo que el instituto negó, pues justificó que buscaba evaluar si los ataques personalizados implicaban una afectación a la institución.
El representante de Morena ante el INE, el diputado Mario Llergo, presentó una tarde una denuncia en contra de Córdova Vianello por posibles responsabilidades administrativas, ante las encuestas realizadas por el INE y en las que se incluyeron preguntas directas sobre el consejero presidente.
“El coordinador de Comunicación Social, Rubén Álvarez, había instruido levantar encuestas para conocer la opinión del pueblo sobre la reforma electoral y sobre la imagen del consejero presidente, violando con ello, los principios de transparencia, economía y otros, de la función electoral.“Por ello, solicitamos al Órgano Interno de Control del INE investigue y en su caso, determina faltas administrativas graves en contra de Córdova y su coordinador de Comunicación social. El primer, de gira en Costa Rica mientras en México se cuestiona su investidura”, tuiteó Llergo.
En la denuncia, explicó que existe una “clara ausencia de certeza respecto al uso de recursos públicos”, pues sólo se sabe que el INE pagó un millón 401 mil 660 pesos por contratos en 2020, 681 mil 732 pesos centrado en Enkoll para pagar un sondeo por los niveles de confianza del instituto. Y en 2022 hay un contrato por 445 mil pesos por tres encuestas.
Morena se queja de las preguntas directas hacia Lorenzo Córdova en donde se preguntó sobre el conocimiento de la persona del consejero presidente con las respuestas “conoce correctamente de forma espontánea el nombre del consejero presidente del INE”, “no lo menciona espontáneamente, pero ha oído halar de Lorenzo Córdova” o “no lo conoce”.
En un comunicado, el director de Comunicación Social del INE, Rubén Álvarez explicó, primero que de enero de 2012 a octubre de 2012 se han realizado 12 levantamientos: nueve telefónicos con 400 entrevistas y tres en vivienda con mil 600 entrevistas y que éstas, se dieron por un proceso de contratación abierto.
Señaló que las encuestas se publicaron en el portal de transparencia del INE el 28 de abril y 15 de octubre la más reciente, a pesar de que algunos consejeros aseguraron que la encuesta más reciente tenía dos meses en el portal.
Álvarez explicó que el objetivo de estos ejercicios es evaluar la imagen y la percepción de la ciudadanía sobre el INE, sus funciones, el levantamiento de sus objetivos y, a partir de estos estudios, evaluar y definir las estrategias de comunicación y difusión del Instituto.
Respecto a las preguntas directas sobre Lorenzo Córdova, justificó que “el desempeño y valoración de una institución, está la forma en que es percibida públicamente la persona titular de dicha institución y esto es así por diversas razones.
“Quien preside o encabeza una institución es que tiene a su cargo funciones de representación en diversos espacios institucionales, vocería y de toda de decisiones. Por lo tato, públicamente se construye un estrecho vínculo en la forma en que la población percibe a una institución y a quien la encabeza.“Si bien el desempeño, percepción o evaluación de una institución no depende ni debe depender de la forma en que se percibe o reconoce a la persona que la preside, es inevitable que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, exista la percepción de un vínculo, más o menos estrecho, entre la institución y quine la encabeza”.
Señaló que los ataques personalizados a la figura del consejero presidente del INE resultaba útil y pertinente conocer le grado de reconocimiento ante la ciudadanía para evaluar una potencial afectación a la institución.
El vocero del INE también recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó a Córdova en una hipotética lista de candidatos a la presidencia para el 2024, el consejero hizo clara y explícita su posición, además de que legalmente, en estos momentos, no puede participar, pues la ley le prohíbe ocupar cargos públicos dos años después de que concluye en su puesto como consejero, tiempo que correrá a partir de abril del 2023.
Por lo que recalcó que tras los resultados, “no se implementó ninguna medida que pudiera implicar, sugerir o evidenciar promoción personalizada, lo que sería violatorio del artículo 134 constitucional”.