El diputado de Morena, Mario Llergo, pidió que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no presentara el informe que exhibe los riesgos e impactos que tendría el Plan B de la reforma electoral, por considerar que no tienen facultades para debatir asuntos legislativos, lo que fue rechazado y, por el contrario, tuvo como respuesta adelantar el debate.
El orden del día de la sesión del INE de hoy contemplaba en su punto 16 la presentación de un informe interno que analizaba las implicaciones que derivarían de la entrada en vigor de la reforma electoral, que aseguran, ponen en riesgo las elecciones presidenciales del 2024.
Al inicio de la sesión, el representante de Morena pidió que se retirara el asunto del orden del día, pues consideró que el INE no tenía facultades para debatir leyes que ni siquiera se han aprobado.
“Solicito que sea retirado el punto 16, porque sigue en trámite legislativo, por lo tanto, contiene expresiones institucionales sobre hechos futuros de realización incierta, todavía el proceso lo retomará el Senado de la República y la discusión de las iniciativas de ley o de reformas competen al Legislativo federal.
“Desde nuestra perspectiva, implica el incumplimiento de disposiciones normativas, pues no está dentro del ámbito de este instituto posicionarse sobre un asunto que, vuelvo a repetir, está en trámite en el Poder Legislativo federal”, dijo.
Su propuesta fue rechazada por la totalidad del Consejo General y, por el contrario, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, pidió adelantar el debate para que fuera el primer asunto de la sesión, lo que fue respaldado por unanimidad.
“Hay un trámite legislativo en curso de una parte, esta propuesta y proceso de reforma implica la modificación de seis leyes: comunicación social, responsabilidades de servidores públicos, instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos, orgánica del poder judicial y de medios de impugnación, y las primeras no solamente fueron aprobadas, si no ya han sido publicadas y están vigentes, por lo tanto, eso daría pertenencia y sustento para que el informe pueda ser presentado”, recordó.
El consejero señaló que a pesar de lo “atropellado y controvertido” del debate sobre la reforma electoral, ante la polémica pública y debido a que lo único que frenó su votación fue la cláusula llamada “de vida eterna” con la que los partidos políticos en coalición podían transferirse votos para no perder el registro, el resto del contenido no se puede volver a modificar.
“Todo lo demás ha sido debatido por ambas cámaras, así que desde mi punto de vista tiene perfectamente sentido que este consejo conozca este informe sobre las implicaciones que puede tener esta reforma.
“Sobre todo, porque este consejo nunca fue consultado sobre las implicaciones, a pesar de ser el responsable de la organización de las elecciones, tal como lo marca la Constitución, a pesar de los reiterados ofrecimientos”, destacó.
Córdova Vianello, además, dijo que este informe sirve para que la ciudadanía se informe y, sobre todo, para que las y los legisladores, si bien no pueden cambiar el contenido de la iniciativa, reflexionen sobre le impacto del sentido de su voto.
“Es muy importante que la sociedad conozca las implicaciones, a lo mejor el proceso legislativo no termina y es una buena manera para que lo que no ha sido escuchado sea considerado por las y los legisladores, para que sepan las implicaciones de lo que van a estar votando.
“Estoy seguro, consciente y quiero creer que la intención de esta reforma es para mejorar el sistema y no para ponerlo en riesgo”, agregó.
El debate inició poco antes del mediodía, en el que el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a quien la reforma propone despedir de forma automática al día siguiente de su publicación, será el encargado de presentar el informe.
“Este informe exhibe que los cambios no sólo vulneran la autonomía y la independencia de la organización de las elecciones, sino que pone en riesgo severo la certeza de la contienda presidencial del 2024, que provocará una ineficacia institucional, que existe un alto riesgo de sustracción de datos personales de la ciudadanía y que al menos 5 mil personas perderán su trabajo”, señaló.
LP