La revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha terminado. Esta semana comenzó su etapa final ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre los juicios del PRD, Movimiento Ciudadano y un ex gobernador priista que buscan anular el proceso por las constantes violaciones a la ley, frente a Morena y el Partido del Trabajo, que, a pesar de que no lograran un impacto en los resultados, exigen un recuento de votos en cinco distritos de Puebla y Chiapas.
Este fin de semana venció el plazo para presentar impugnaciones sobre este ejercicio antes de que el TEPJF declare la invalidez del proceso por no haber logrado el 40 por ciento de los votos de la Lista Nominal, MILENIO confirmó que, entre intentos por anularlo, reclamos de recuentos en casillas y denuncias por violaciones a la Constitución por parte de servidores públicos, la Sala Superior registra 18 juicios relacionados con este ejercicio.
Una vez que se resuelvan, la Sala Superior deberá seguir el mismo proceso de declaratoria que una elección presidencial en una sesión pública solemne, pero en esta ocasión, informarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal que, al no lograrse la validez del proceso, México sigue teniendo presidente de la República, y que, en este caso, Andrés Manuel López Obrador puede y debe concluir su sexenio hasta el 2024, periodo exclusivo para el que fue electo en las urnas en 2018.
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Los juicios a resolver son cinco en contra de los resultados emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 11 de abril en los que se confirmó la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, lejos de las 37 millones 129 mil 287 que se requerían.
El PRD presentó dos impugnaciones a través de su representante ante el INE, Ángel Ávila; Ivonne Ortega consejera del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una más a nombre de este partido, y una más el ex gobernador priista Ulises Ruiz; los cuatro casos alegando la nulidad del proceso, sin que hayan considerado que en el sistema electoral, aquellos procesos que se anulan se deben repetir, lo que sería contrario al discurso o las intenciones de la oposición.
Un cuarto juicio se interpuso a punto de vencerse el plazo máximo, por parte del Partido del Trabajo (PT) que alega omisiones de la autoridad electoral como el número de casillas.
Los juicios de Movimiento Ciudadano y Ulises Ruiz ya fueron turnados al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, mientras los tres restantes, hasta la tarde de este lunes, aún no eran remitidos por parte del INE a la Sala Superior para que la Secretaría General de Acuerdos defina quién los resolverá.
En contraste, a pesar de estar lejos de los votos que se requerían para lograr que fuera vinculatorio, Morena insiste y presentó cinco impugnaciones en contra de los cómputos distritales de los consejeros 08 y 10 en Puebla, y 05, 06 y 10 en Chiapas en los que exigía un recuento en estas casillas.
Mientras el PRI pidió que se impugnen los resultados del 01 Consejo Distrital del INE en Hidalgo, en donde acusa “presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y los electores.
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Además, hay otros siete juicios relacionados con impugnaciones sobre medidas cautelares del INE en contra de servidores públicos como el presidente Andrés Manuel López Obrador por mal uso de recursos públicos, intervención indebida en el proceso y promoción de propaganda gubernamental; así como otros funcionarios como el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, por haber participado en eventos masivos para promover este ejercicio a pesar de que la ley se los prohibía.
Estos juicios deberán resolverse en los próximos días, aunque la Sala Superior no tiene un periodo específico para declarar la validez de los resultados emitidos por el INE tras confirmarlos o hacer ajustes por anulaciones en donde se comprueben indicios de delitos electorales.
MILENIO publicó que el TEPJF no declarará la validez de la revocación de mandato, pues por encima de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Constitución indica que si no logra el 40 por ciento de la participación, en automático no sería válida, por lo que la resolución deberá ser “no ha lugar a declarar la validez”, pues “no se puede anular lo que no es válido”, de acuerdo con lo que indica el texto constitucional.
Aunque la oposición reclama anular el ejercicio de revocación, las leyes electorales indican que cualquier proceso democrático que se anule debe repetirse para certeza de la ciudadanía, lo que sería contrario a lo que pretenden las fuerzas políticas que se opusieron a éste.
Las denuncias en contra de las y los servidores públicos como el propio Presidente de la República o la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la reiterada violación a las normas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión podrían ser insuficientes, a pesar no sólo del número de medidas cautelares sino de los llamados por reincidencia, por lo que el TEPJF deberá dejar un precedente sobre cómo serán sancionados en este tipo de irregularidades sistemáticas.
EHR