Senadores y diputados de Morena exhortaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a informar sobre las acciones implementadas para contener la violencia dentro del Cereso número 3, notificar sobre el saldo del motín al interior de la prisión y el paradero de los presos fugitivos.
“Exigimos que exista información, que haya transparencia, queremos saber cuántas personas murieron, queremos saber cómo se está realizando la investigación, queremos saber cuál es el paradero de los presos que se fugaron porque evidentemente hay una complicidad de las autoridades de ese estado y pedimos que se esclarezca a la brevedad posible. Basta de gobiernos involucrados en el crimen organizado”, manifestó el diputado Pablo Amilcar Sandoval.
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El legislador de la bancada guinda aseguró que en la Cuarta Transformación “hemos elegido atacar las causas y la gran corrupción que existía en el sistema de seguridad pública, la connivencia de las autoridades, de los gobiernos, la corrupción y la impunidad que permeaban en los actos de las autoridades”.
Por ello, señaló,se ha implementado una estrategia conjunta entre la Guardia Nacional y las fuerzas armadas: “La seguridad representa hoy en día, para los mexicanos, una de las prioridades porque ya no queremos vivir como se vivía en el pasado, con la tranquilidad y la estabilidad que daban los pactos con el crimen organizado de las que fueron protagonistas muchos panistas y priístas”.
En tanto, el senador Rafael Espino de la Peña lanzó un pronunciamiento en relación con la reciente violencia que se ha suscitado en los penales de Ciudad Juárez.
“Chihuahua, y particularmente Ciudad Juárez, viven hoy otro episodio de violencia que sacude la conciencia colectiva y enciende las intermitentes alertas en torno a las fallidas estrategias de seguridad que hasta la fecha se han implementado, sin que se pueda corresponder a la justa exigencia ciudadana de contar con las condiciones mínimas para llevar a cabo sus actividades cotidianas”, manifestó el morenista.
El senador chihuahuense agregó que los hecho ocurridos al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal número 3 en Ciudad Juárez Chihuahua, manifestaciones de crueldad extrema que cobraron la vida de 10 custodios, de siete personas privadas de la libertad y facilitó la fuga de al menos 25 reclusos, “son actos de barbarie que condenamos enérgicamente, sin más afán que el de señalar la urgente necesidad de replantear las condiciones, legales, administrativas, operativas y protocolos de seguridad al interior de los penales, para prevenir que grupos criminales conviertan esos supuestos centros de readaptación social en cotos de poder desde donde se planean y ejecutan acciones delictivas dentro y fuera de los mismos”.
Señaló que “es imperativo que se refuerce la coordinación y colaboración entre las distintas esferas de gobierno con el fin de evitar que personajes con graves antecedentes delictivos permanezcan recluidos en lugares con raquíticas estructuras de seguridad. Es fundamental que se revisen las condiciones físicas de los reclusorios, así como sus niveles de hacinamiento y procesos orientados a promover su eventual reinserción social”.
LP