Morena busca endurecer penas para funcionarios corruptos

El legislador de Morena, Norberto Nazario, propuso en su inicitiva endurecer las sanciones, que ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración, Procuración de Justicia, así como de Transparencia y Combate a la Corrupción.

El legislador de Morena, Norberto Nazario Sánchez, propuso aumentar las sanciones a funciarios por actos ilícitos. (Twitter: @Congreso_CdMex)
Cinthya Stettin
Ciudad de México /

El legislador por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Norberto Nazario Sánchez, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones penales en contra de funcionarios públicos que atenten en contra del servicio público por conductas ilícitas. 

En tribuna, el morenista señaló que la finalidad de esta adición y modificación del Código Penal de la capital es que las conductas irregulares “sean tipificadas como delitos por hechos de corrupción, y sean considerados como delitos graves para efectos de persecución del delito e impartición de justicia”. 

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De acuerdo con el documento, a quien reciba indebidamente dinero u alguna dádiva a cambio de algún favor referente a sus funciones o si hace uso indebido de los recursos públicos, se le impondrá una sanción de cinco a nueve años de prisión y de mil a diez mil días de multa. 

Esto mismo será aplicable para quien comenta el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. 

También se impondrá una sanción de cinco a nueve años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien sustraiga, altere o introduzca ilegalmente información o documentos en la administración, así como a quien facilite o fomente en centro de readaptación social el uso, consumo o comercialización de bebidas alcohólicas, drogas y teléfonos celulares. 

Mientras que al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le impondrán de dos a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 

“En esta propuesta se buscar abarcar, además del correcto funcionamiento de la administración pública, el correcto funcionamiento de la sociedad, trayendo a primer orden los daños colaterales que, de forma inintencional pero directa, el acto delictivo trae consigo. Es menester señalar lo evidente: el servidor público, al encuadrarse en uno de los supuestos del título en mención, está cometiendo un acto de corrupción”, apuntó. 

Esta iniciativa fue turnada para su discusión y análisis a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Transparencia y Combate a la Corrupción.

EB

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