El partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un paquete anticorrupción, en el cual proponen que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cuatro años en lugar de siete, además de que redujeron de diez a cinco años de experiencia mínima, y deberá tener título profesional en derecho, únicamente.
Así lo establece la iniciativa de modificación diferentes leyes orgánicas que presentó la coordinadora de este grupo parlamentario, Ernestina Godoy, ante el pleno en sesión ordinaria, y el cual fue entregado por la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum.
Los legisladores morenistas cambiaron algunos detalles del documento que les entregó la ex jefa delegacional de Tlalpan toda vez que respetaron que el Consejo Judicial Ciudadano propondrá una terna al Congreso para el titular anticorrupción, y este será electo por la mayoría calificada del órgano legislativo.
“El Consejo Judicial Ciudadano expedirá una convocatoria pública abierta, para la postulación de aspirantes a ocupar el cargo”, explica el documento.
La propuesta de Sheinbaum señalaba que sería la Jefatura de Gobierno que enviaría la terna para el fiscal anticorrupción al órgano legislativo, en caso de que este no designe, lo elegirá directamente la jefa de gobierno.
Quien quiera ocupar el cargo no podrá haber sido titular de la Procuraduría General de Justicia.
“La corrupción, entendida como el uso del poder público en beneficio de intereses privados, fue la característica esencial del gobierno de Mancera y del gobierno de Peña Nieto. La corrupción se extendió y capturó a todas las instituciones públicas; incluso los partidos que lucharon por combatirla”, expresó Godoy.
También eliminaron la atribución de la Contraloría General para sancionar faltas administrativas, además de que borraron las tres subsecretarías con las que actualmente cuenta: Prevención, Corrupción y Auditoría; Control y Evaluación; y la de Legalidad y Responsabilidades.
Este órgano legislativo ya no será quien ratifique al titular de esta
Contraloría, por lo que ahora sólo será designado por la Jefa de Gobierno, y estará en el cargo siete años “con la posibilidad de ser ratificado por un periodo igual”.
Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias serán nombrados por el encargado de la Contraloría, y no por el Congreso.
Transparencia
En cuanto al pleno del Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la capital estará conformado por cinco comisionados y no por siete como actualmente está la ley.
Con respecto a su experiencia para ocupar el cargo, deberán tener una mínima de cinco años en las materias de derecho a la información y de protección de datos personales, y que no pertenezcan o militen en algún partido político o hayan sido candidatos a un cargo de elección popular, durante los cuatro años anteriores al día de su designación.
Además deberán ser elegidos por la mayoría calificada de los integrantes presentes del pleno del Congreso capitalino, este último lanzará una convocatoria pública para quienes decidan participar y deberán hacer pública la lista de los aspirantes, su currícula y el calendario de las audiencias públicas.
Estos funcionarios no podrán buscar una relección y la designación de los nuevos comisionados deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre de este año.
bgpa