El destino de los Organismos Públicos Locales Electorales está en juego. Mientras Morena busca respaldo para eliminarlos como lo plantea su propuesta de reforma electoral, a nivel estatal los asfixian presupuestalmente; sin que la oposición se quede atrás, pues arrastran retenciones millonarias que afectan pagos a proveedores de las pasadas elecciones, sueldos y liquidaciones, y hasta la entrega de las prerrogativas a los propios partidos políticos.
Aunque a nivel federal el PAN y el PRI pregonan su defensa por el Instituto Nacional Electoral, a nivel local, sus gobiernos que este año concluyeron o que siguen gobernando en entidades como Quintana Roo, Durango y Coahuila tienen a las autoridades electorales padeciendo su resistencia para entregarles recursos que les permitan operar y cerrar el año
Algunos llegaron a crisis económicas históricas pues los gobiernos locales se resisten incluso, a acatar sentencias de los tribunales y maniobran en los congresos locales para que no se aprueben las ampliaciones presupuestales y mantengan los recortes que les impiden operar plenamente.
El más reciente reporte de la situación presupuestal de los OPLES elaborada por el INE exhibe que si bien, los gobiernos de Morena son los que más los atacan financieramente, no hay partido político que se salve de asfixias presupuestales a las autoridades electorales, pues las administraciones de Morena, PAN, PRI, PVEM, PES y Movimiento Ciudadano han afectado en diferente medida, las operaciones electorales.
Para el ejercicio fiscal de este año, con corte a mediados de octubre, son siete entidades las que presentan un riesgo alto en sus operaciones a falta de dinero para pagar sueldos y salarios, rentas y adeudos a proveedores del proceso electoral pasado.
Uno de los casos más relevantes es la Ciudad de México donde se aplicó un recorte presupuestal a a la autoridad electoral local de más del 50 por ciento, y que tiene un déficit presupuestal que le imposibilita seguir sus operaciones para lo que resta de octubre, noviembre y diciembre.
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Además, este organismo solicitó una ampliación presupuestal por 16 millones 305 mil 633 pesos pues ante la reforma electoral que Morena sí logró a nivel local, requieren liquidar al personal afectado por la reestructura que se les impuso, pero tampoco han recibido respuesta para no afectar los derechos laborales del personal que ya no podrá continuar.
En Campeche, gobernado por Morena con Layda Sansores el recorte al OPLE este año, fue del 56.51 por ciento, pero además, en marzo se les notificó un 10 por ciento de recorte adicional a lo ya aprobado.
Al llegar a un nivel de riesgo de operación, lograron que el 19 de agosto les aprobaran tres millones 834 mil pesos y el 13 de septiembre 32 millones 996 mil 264.60 para seguir pagando deudas a proveedores sin que esto cubra todos los gastos de operación.
Colima de Indira Vizcaíno, también de Morena, la reducción de más del 65 por ciento. La crisis llegó a tal grado, que, en julio, las y los consejeros dejaron de cobrar su sueldo. Solicitaron 16 millones 500 mil pesos, pero sólo les aprobaron dos millones 11 mil 200 pesos, por lo que no cuentan con recursos para el pago de salarios y rentas.
Otro gobierno morenista, Nayarit con Miguel Ángel Navarro la autoridad electoral solicitó 24 millones de pesos ante su crisis financiera, pero sólo le san entregado siete millones.
Sin quedarse atrás la oposición, también tiene a las autoridades electorales locales en severos problemas financieros con riesgos altos.
El más grave es Durango, donde hasta hace unas semanas gobernaba el panista José Rosas Aispuro y ahora por el priista Esteban Villegas de la coalición PRI-PAN-PRD, le adeudan a la autoridad electoral más de 32 millones de pesos.
De la ministración de marzo 18 millones 686 mil 415.53 pesos y 13 millones 524 mil 842.53 pesos de agosto de los cuales, cuatro millones 876 mil 153 pesos son de las prerrogativas de los partidos políticos y cinco millones 846 mil 400 para el último pago del PREP con el que se dio el conteo de la votación que permitió el triunfo de la alianza “Va por México”.
Y no sólo eso, el gobierno de ese estado, antes panista y ahora panista- priista, también adeuda directamente 21 millones 416 mil 30 pesos a Talleres Gráficos de México y cinco millones 175 mil 7.44 pesos a Formas Finas por el suministro de material electoral.
En Coahuila, gobernador por el PRI, al cierre de septiembre el riesgo se consideraba alarmante pues están por comenzar el proceso electoral del 2023 y no pueden iniciarlo con adeudos de este ejercicio fiscal, pues de los 36 millones seis mil 400 pesos solicitados, el Estado sólo entregó siete millones y persiste en retenerle ministraciones.
Otra entidad en riesgo alto es Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco que llegó de la mano del PES y que es aliado de Morena, en donde la reducción al OPLE fue de 41.6 por ciento, solicitaron una ampliación por 28 millones de pesos para cerrar el año pero el Congreso local se los negó.
Y a estas alturas, necesitan 10 millones para al menos, poder cerrar el año. Hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó entregarle el dinero que se resisten a darles para que el OPLE cumpla una sentencia que los obliga a realizar una consulta para candidaturas indígenas.
En otros adeudos de la oposición, aunque no marcan una crisis severa hasta ahora por ajustes que se han aplicado al interior, Quintana Roo debe a las autoridades electoral 45 millones por retenciones en las ministraciones de febrero a la fecha, que van desde los tres hasta los 12 millones en el periodo en que gobernaba el PAN con Carlos Joaquín, y un millón de pesos que retuvo la actual gobernadora de Morena en el periodo de octubre.
Chiapas de Morena y San Luis Potosí del Partido Verde Ecologista de México deben más de un millón de pesos cada uno, y Tamaulipas cuando seguía el PAN más de dos millones de pesos.
Mientras que los gobiernos de Movimiento Ciudadanos si bien no tienen a las autoridades locales en crisis, sí han aplicado recortes que las sometieron a déficit presupuestales, en un 22.02 por ciento en Nuevo León y 21.44 por ciento en Jalisco.