Morena en el Senado presentó reformas a la Constitución para que personas procesadas y sentenciadas en los fueros federal y común tengan derecho a votar en elecciones posteriores a la presidencial de 2024.
La senadora Nestora Salgado propuso modificar el artículo 38 y en su exposición de motivos argumentó que la pena de prisión no trae implícita la suspensión del derecho a votar y cualquier medida que restrinja su ejercicio deberá de ajustarse a los criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad.
Sustenta que el acto arbitrario de negarles la voz y el reconocimiento de su pertenencia a la sociedad perpetúa un sistema democrático selectivo que busca invisibilizar a un grupo particular de personas que se encuentra en un estado particular de vulnerabilidad, situación que profundiza la estigmatización y agrava la situación de exclusión social.
Señala que las restricciones al derecho al voto de las personas privadas de la libertad, tanto procesadas como sentencias, no encuentra justificación en un sistema respetuoso de los derechos humanos.
Recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido un criterio general: que la privación de la libertad no despoja a las personas de su titularidad respecto de todos los derechos humanos.
Destaca que las personas privadas de la libertad no deben ser sometidas a penurias o a restricciones adicionales a aquellas que resulten de la privación de la libertad y el Estado tiene la obligación de garantizar que accedan a los mismos derechos, sin distinción ni diferenciación alguna de las demás personas.
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Según cifras de Readaptación Social de 2019, había en México 202 mil 221 personas privadas de su libertad, de las cuales 191 mil 702 eran hombres y 10 mil 519 mujeres, en 300 centros penitenciarios federales, estatales y municipales.
Del universo total, 172 mil 566 pertenecían al fuero común y 29 mil 655 al fuero federal. De éstas 77 mil 884 se encontraban en proceso y 14 mil 337 cumplían una sentencia.
La senadora Salgado señala que una manera tangible de lograr un sentido de pertenencia y de responsabilidad con la sociedad, es el derecho al voto.
Pide que México replique la experiencia de Albania, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, República Checa, Holanda, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza y Ucrania, países donde no hay restricciones para que los procesados y los sentenciados voten.
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