En México, la violencia obstétrica y las muertes maternas guardan una estrecha relación con las deficiencias estructurales del Sistema Nacional de Salud, aseguraron el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero.
De acuerdo con las organizaciones, la muerte materna aumento 37.9 por ciento de 2019 a 2020 como consecuencia de la pandemia.
En la presentación del informe Justicia Olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva, las organizaciones destacaron que las carencias en la atención medica a las mujeres y personas con capacidad de gestar constituyen un obstáculo durante el embarazo parto y puerperio, pues en los últimos cinco años, tres de cada diez mujeres que tuvieron al menos algún parto sufrieron algún maltrato por parte de quienes las atendieron.
Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser tanto físicas como psicológicas, las primeras incluyen practicaste que resultan invasivas como las cesáreas -cuando se practican sin justificación-, esterilización no consentida o forzada, suministro injustificado de medicamentos, retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto.
Entre la segunda se encuentran actos discriminatorios, uso del lenguaje ofensivo humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado.
Para la elaboración del documento, el GIRE e Impunidad Cero envió alrededor de 510 solicitudes de información sobre las quejas o casos registrados de violencia obstétrica y muerte materna desde enero de 2015 a diciembre de 2020.
En el período contemplado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporto 710 quejas y 47 recomendaciones por casos de violencia obstétrica y sólo 21.3 por ciento se encuentran cumplidas totalmente.
Mientras que, las comisiones locales de derechos humanos reportaron 712 quejas que han emitido solo 195 recomendaciones para estos casos de estas solo el 26.7 por ciento se han cumplido en su totalidad; el tiempo promedio desde el registro de la queja hasta la emisión de una recomendación es de 606 días para los casos de violencia obstétrica y 728 días para los casos de muerte materna.
De enero de 2015 a diciembre de 2021, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó un total de 18 reparaciones en favor de las víctimas por violaciones a derechos sexuales y reproductivos.
No obstante, a pesar de existir denuncias por violencia obstétrica en Aguascalientes, Chiapas, México, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, estados en los que está conducta se encuentra tipificado como delito, no se emitido ninguna sentencia en los últimos cinco años.
Entre enero de 2010 y enero de 2022, el GIRE registra 50 casos de violencia obstétrica y muerte materna documentó 23 y dio acompañamiento a 87 más.
Las recomendaciones del informe enfatizan que para mitigar la impunidad estructural en casos de violencia obstétrica y muerte materna no se debe recurrir a medidas punitivas, si no que se deben establecer medidas preventivas y de reparación a las víctimas.
JLMR