Presionan funcionarios a "aliada" que denunció a Jaime

La ciudadana María Balboa señaló que después de la primera entrevista que dio, fue buscada por personas de Gobierno, quienes incluso le ofrecieron un puesto para que desmintiera su declaración.

La ciudadana María Deyanira Balboa, quien denunció al Bronco por desvío de recursos, asegura haber recibido presión de funcionarios. Foto: Especial
Victoria Félix
Monterrey /

Tras haber testificado en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por presuntamente haber sido coaccionada para recabar firmas para su candidatura presidencial, la ciudadana María Deyanira Balboa Huerta dijo haber recibido presiones y chantajes de funcionarios de gobierno.

Hace cinco días, Balboa Huerta acudió ante la Fiscalía Anticorrupción para aportar pruebas sobre el uso del programa social "Aliados Contigo" para conseguir firmas para el gobernador, y hoy amplió su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales junto con el promovente de la querella, el senador Samuel García.

“Después de la primera entrevista que yo di me pasó algo anormal, me persiguieron hasta el estacionamiento y le tomaron fotos a las placas de mi carro y pues yo tengo miedo. Fueron a mi casa, me empezaron a buscar los de Gobierno y hasta me ofrecieron un puesto con tal de que dijera que lo que yo había dicho el martes era mentira y pues no, yo voy a decir la verdad.
"Querían que regresara al programa Aliados Contigo o me ponían de coordinadora de un Centro Comunitario; me buscó el Licenciado Genaro Alanís y hable con la Licenciada Melany de Aliados Contigo”, detalló la denunciante.

Balboa Huerta incluso aseguró haberse mudado del estado para evitar represalias, aunque ahora cuenta con protección.

Samuel García aseguró que también la ex coordinadora del Programa Aliados Contigo, Yolanda Mendoza y su auxiliar Pedro Medellín, acudirán a declarar contra el gobernador por haber sido coaccionados para recolectar firmas en 7 estados de la República.

García explicó que la Ley General de Delitos Electorales y el Código Penal contemplan sanciones de hasta 24 años de prisión para quienes desvíen recursos públicos para una campaña política.

"Fácilmente cada delito la pena es de 2 a 12 años; pero viene bien claro en el Código Penal, si lo comete un servidor público con recursos públicos se va al doble: de 4 a 24 (años). Es un delito grave, Jaime no va a acabar bien", apuntó el legislador.

Además de la sanción que deberá imponer el Congreso del Estado al gobernador Jaime Rodríguez, que puede llegar hasta la destitución, Samuel García pidió a las Fiscalías declarar la pena de prisión al mandatario.

"Que no se les haga fácil, que nunca más vuelvan a desviar recursos para una campaña política; a esa gente hay que cambiarles el chip con un castigo ejemplar", concluyó.

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