Las mujeres que más sufrieron violencia política de género en las elecciones de 2021 y todas las que fueron asesinadas, aspiraban a un cargo de nivel municipal; quienes más las violentaron fueron sus propios contrincantes y después, los medios de comunicación.
El Instituto Nacional Electoral presentó los resultados del estudio que evalúa la violencia política por razón de género y su impacto en el proceso electoral 2020-2021, realizado por el Centro regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en donde destacaron que todas las mujeres asesinadas y que aspiraban a un cargo durante este proceso electoral, buscaban un cargo a nivel municipal.
“Lo que envía un mensaje de miedo a otras mujeres, inhibiendo su participación por la saña con que son asesinadas”, indicó Eréndira Serrano, encargada de presentar el informe, pues el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género también muestra que las mujeres a nivel municipal son las más agredidas.
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Los resultados muestran que el 76 por ciento de la violencia política ejercida en contra de las mujeres, observada en los contenidos mediáticos fue simbólica, el 37 por ciento física y el 21 por ciento sexual; el 85 por ciento de los contenidos vulneró el derecho a la representación pública de las mujeres, el 79 por ciento a su derecho a ser votadas y el 61 por ciento a la igualdad de género.
El 48 por ciento de quienes ejercieron la conducta violenta fueron otras candidatas o candidatos y el 36 por ciento los medios de comunicación y sus integrantes.
El análisis sobre cómo los medios de comunicación trataron estos casos, demostraron que se siguen promoviendo estereotipos, se invisibiliza y revictimiza.
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Por ejemplo, el feminicidio de Ivonne Gallegos, precandidata en Oaxaca, los medios la calificaron como “candidata baleada”, “asesinada” o “ejecutada”, con lo que se silenció su identidad como mujer y que fue víctima de un feminicidio.
En el caso de la precandidata de Veracruz, Carla Enríquez Merlín fue calificada como “la hija de” la ex alcaldesa y se filtraron datos de reserva del proceso judicial.
En otros casos, como un ejemplo de pacto patriarcal se expuso el de la candidata de Zacatecas, Rocío Morena Sánchez, quien fue triplemente violentada: primero por el tocamiento sexual del candidato a la gubernatura y hoy mandatario por Morena, David Monreal; después por la filtración e hipermediatización del video en el que se le calificó como “nalgueada” y tercero, porque a través de un comunicado se “exoneró” a Monreal negando la agresión.
Como “juicio mediático” está el caso a Clara Luz Flores, nombrándola como #LadySecta por su participación en NXIVM y como un ejemplo de obstaculización de campaña política se encuentra Lupita Jones, quien era la candidata del PRI para la gubernatura de Baja California y que los líderes y militantes del partido a nivel local se sumaran a la campaña de su contrincante Jorge Hank Rhon, quien además se refirió de manera violenta en contra de la candidata.
Destacaron que la reforma en la materia sigue mostrando como áreas de oportunidad las limitaciones de la vía electoral y jurídica, que es difícil de acreditar, los tiempos son lentos, las sanciones y la implementación pueden mejorar, hay resistencia y falta voluntad y compromiso, así como coordinación interinstitucional.
DMZ