De los 56 millones 951 mil 475 pesos revisados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en la segunda entrega de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 a 85 entidades fiscalizadas se tienen pendientes por solventar 38 millones 954 mil 299 pesos, de los cuales el 90 por ciento lo concentran 35 municipios del estado.
Así, los municipios tienen pendiente por solventar 35 millones 183 mil 947 pesos; tres millones 362 mil 202 los organismos descentralizados municipales; y 408 mil 149 pesos de las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.
Los cinco municipios con un mayor monto por solventar son: San Bartolo Tutotepec con siete millones 583 mil 171 pesos; Tepeapulco: tres millones 293 mil 938 pesos; Huejutla de Reyes: tres millones 229 mil 189 pesos; Emiliano Zapata: dos millones 859 mil 666 pesos; y Yahualica con dos millones 580 mil 276 pesos.
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Las entidades del sector paraestatal y organismos públicos que tuvieron montos altos de observación son: la Ciudad de las Mujeres con 289 mil 382 pesos y el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo con 104 mil 708 pesos.
De acuerdo con el auditor Superior del Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel, quien entregó el informe a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del estado, los montos observados a la Cuenta Pública 2017 no necesariamente implican recuperaciones o daños y prejuicios a la Hacienda Pública del estado, de los ayuntamientos o patrimonios de las entidades.
Subrayó que las entidades fiscalizadas están sujetas a las justificaciones y aclaraciones correspondientes en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación del Informe Individual de la Auditoría.
De no solventar las observaciones, las sanciones van desde las administrativas hasta la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó 85 entidades, en las cuales se realizaron 207 auditorías distribuidas en 85 auditorías financieras, 85 auditorías de cumplimento y 37 auditorías de inversiones físicas.
Las entidades fiscalizadas fueron: el Poder Judicial, 20 entidades del sector paraestatal y organismos autónomos, 35 municipios y 29 organismos descentralizados municipales.