A cinco meses de que los diputados locales de la LXIV legislatura crearan la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo las reformas a la Constitución Política de la entidad que le dieron vida solo han sido aprobadas por 13 de los 84 municipios del estado y se requiere de 43 para que entren en vigor y comience la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a la Fiscalía.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso del estado, Octavio Magaña Soto, hasta el momento solo los Cabildos de Acatlán, Atitalaquia, Huehuetla, Mineral del Chico, Santiago Tulantepec, Tepeji del Río, Tetepango, Tizayuca, Tlanchinol, Tula de Allende, Tulancingo, Xochicoatlán y Zempoala han aprobado las reformas constitucionales.
“Los Ayuntamientos en sus Cabildos tienen que aprobar las reformas, hasta el día de hoy no hemos llegado hasta ese punto importante que son las sanciones de los municipios que se requieren para que nosotros podamos ya empezar con esa transición de la Procuraduría a la Fiscalía”, sostuvo.
El 3 de septiembre de 2021 los diputados de la LXIV, un día antes de concluir su gestión, aprobaron por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Hidalgo con lo que crearon la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Las reformas constitucionales se enviaron a los 84 Ayuntamientos del estado para su sanción en los Cabildos y se requiere que 43 de ellos las aprueben para que entren en vigor. Solo 13 han hecho su trabajo y necesita la aprobación de 30 más.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, de acuerdo con las reformas aprobadas por los legisladores locales, será un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el titular de la Fiscalía durará en el encargo siete años, la convocatoria la emitirá el Poder Ejecutivo y el nombramiento lo realizará el Congreso del estado.
No solo se modifica el nombre de Procuraduría a Fiscalía, enfatizan, sino que se establece una arquitectura institucional que prevé el destino y transición de recursos humanos, materiales y financieros así como un adecuado manejo de los procedimientos penales vigentes tanto al amparo del anterior como del nuevo sistema de justicia penal.
Octavio Magaña señaló que una vez que la mitad más uno de los municipios del estado aprueben las reformas constitucionales de la Fiscalía se publicará el Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y entonces iniciarán los trabajos contemplados en los artículos transitorios del dictamen.
Los artículos transitorios establecen que las reformas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo entrarán en vigor una vez que inicie la vigencia de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo y que el Congreso del estado emita la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía.
La persona que ostente el cargo de titular de la Procuraduría General de Justicia y se encuentre en funciones al momento de la publicación del Decreto de la Fiscalía, dentro de los 30 días naturales siguientes deberá integrar una Comisión Interinstitucional de Transición en la que participará personal de esa institución, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas Públicas, de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Planeación y Prospectiva y una diputada o un diputado integrante de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso del Estado.
Así la Comisión Interinstitucional de Transición tendrá a su cargo planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta implementación de la Fiscalía, el análisis integral del personal así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas, hasta la conclusión de la transición, misma que deberá concretarse en un plazo no mayor de dos años.
Octavio Magaña hizo un llamado a los presidentes municipales para aprobar las reformas de la Fiscalía General de Justicia del Estado y confió que se puedan alcanzar las 43 sanciones de los Cabildos en el mes de marzo.
Agregó que aunque se tienen dos años para los implementación de la Fiscalía la intención es que quede conformada antes de ese periodo y apuntó que para ello se requiere de 400 millones de pesos extraordinarios, los cuales en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 no fueron etiquetados.
Añadió que la puesta en marcha de la Fiscalía es un reto, una responsabilidad y un compromiso para la Comisión Interinstitucional de Transición y cada una de las instancias que la integran para que se pueda cristalizar en el menor tiempo posible.