Los municipios reinciden en incumplir la ley y no comprobar el manejo de sus recursos públicos, advirtieron funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Susana Ariza Ávalos, auditora especial para Ayuntamientos de la ASE, dijo que “lamentablemente todavía persiste la presentación de pólizas sin documentación comprobatoria y justificativa, y en materia de adquisiciones hay incumplimiento en la contratación de bienes y servicios”.
Julieta Rivera Villanueva, auditora especial de Desempeño de la ASE sostuvo que “la mayoría no cumple con una adecuada planeación de sus programas, no identifican sus objetivos, no entregan evidencia suficiente sobre cómo eligieron beneficiarios y cómo entregaron bienes, servicios y apoyos”.
Fiscalización 2021–2023: informes con irregularidades y cuentas públicas reprobadas
Subrayó que, por ello, la mayor parte de los informes de resultados presentados esta semana a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado fue de no cumplimiento, “por esas irregularidades que fuimos encontrando en cada uno de los programas”, dijo.
La tarde del martes, la ASE entregó 300 informes correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, de los cuales 180 “no cumplieron” y pasarán al Pleno Legislativo como cuentas públicas tachadas.
Debido a lo anterior, no se logró acreditar el manejo de recursos públicos por alrededor de 10 mil millones de pesos, de un total de 12 mil millones que fueron sujetos a fiscalización en este bloque y corresponden principalmente a municipios, pero también a Comapas, organismos públicos descentralizados e instancias estatales.
Quince son del ejercicio 2021; 90 de 2022 y 195 de 2023. De este último año fiscal, más del 95% de los 43 municipios incumple, por lo que sus cuentas públicas aparecerán en sentido negativo.
Responsabilidades, retos y mejoras en auditorías y adquisiciones públicas
Será el Pleno del Congreso Local quien proceda a la calificación de las cuentas públicas, para, una vez plasmados los dictámenes respectivos, se inicien las acciones de rigor, turnándose los expedientes a otras instancias para determinar las responsabilidades penales y/o administrativas de cada caso.
Fue la diputada local, Ana Laura Huerta Valdovinos quien cuestionó sobre los retos a asumir, luego del marcado incumplimiento por parte de los entes públicos sujetos a fiscalización.
Con miras a adoptar mejores prácticas para conseguir que sus dictámenes sean declarados positivos, la Auditoría Superior consideró que es necesario elaborar lineamientos internos de la Ley de Adquisiciones, pues es una de las áreas donde más se incumple por parte de los ayuntamientos. Lo anterior, a pesar de los cursos de capacitación que se imparten al personal local responsable del manejo de finanzas públicas.
SJHN