Con la revisión que haga la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco no se podrá saber si de verdad hubo actos de corrupción en esa megaobra, advirtieron la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Ambas instituciones reprobaron que en el Plan Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2019, el primero que revisará los programas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se haya considerado realizar una auditoría forense en el NAIM y en cambio, sólo se hayan programado auditorías de desempeño.
“La decisión de la ASF para que en la revisión de la Cuenta Pública 2019 se aplique un enfoque de desempeño para fiscalizar la cancelación del NAICM llamaría a la cautela sobre sus resultados (…) Este tipo de auditoría impediría documentar la existencia de un acto irregular para cuantificar un daño patrimonial.
“Fiscalizar un proyecto controvertido aplicando un enfoque de desempeño, que no concluye con los resultados que los casos ameritan, es una práctica que se ha observado en otras cuentas públicas y en cuyos actos se han revelado hechos de corrupción”, señalaron las organizaciones en el documento titulado “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”.
El estudio fue presentado hoy y en él se hacen críticas al desempeño de la ASF por los retrasos en la entrega de los informes de auditorías de la Cuenta Pública 2019, cuyo primer paquete debió entregarse a la Cámara de Diputados el 30 de junio, pero a causa de la pandemia no entregó ni uno solo.
El próximo viernes 30 de octubre, cuando se tendría que entregar el segundo paquete de informes, se tendrá que entregar de manera conjunta el primero y el segundo.
No obstante, México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey señalan que “en comparación con 2018, el año de la última cuenta pública de la administración de Enrique Peña Nieto, la primera revisión de la nueva administración contempla 29 por ciento menos auditorías, afectando así la cobertura de la fiscalización”.
Además, advierten que en su Plan Anual de Auditorías 2019, la ASF determinó que una de cada cuatro auditorías (339) se harán al gobierno federal: el 65 por ciento de estos ejercicios de fiscalización se hará bajo el enfoque de cumplimiento financiero, 25 por ciento serán de desempeño, 4 por ciento corresponden a estudios y evaluaciones, 3 por ciento a un enfoque mixto de cumplimiento y desempeño y sólo 3 por ciento a auditorías forenses.
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“Con la decisión de no hacer auditorías forenses para el NACIM y para los proyectos prioritarios de AMLO, la ASF se hace de la vista gorda. Así, nos quedamos sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción”, aseguró Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.
Además, el estudio también critica la falta de resultados satisfactorios del trabajo del órgano fiscalizador, pues expone que “entre 2000 y 2018, la ASF determinó probables afectaciones al erario por más de 2 billones de pesos; sin embargo, 89 por ciento no se han confirmado, por lo que sólo 11 de cada 100 pesos de las afectaciones son recuperadas para las arcas del Estado mexicano”.
También retoma el dato de que, ante la presentación de denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República, la ASF “tiene prácticamente nulos resultados”.
“De la revisión de las Cuentas Públicas 1998 a 2017, se detectó que la ASF presentó un total de mil cuatro denuncias, de las cuales sólo 22 (2.2 por ciento) han causado sentencia, sin que se conozca si las sentencias confirmaron los delitos denunciados por la ASF”, sostiene el documento.
lp