Luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa le negara un amparo para evitar ser sancionado por el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró que eso no tumba las suspensiones que tiene en su favor por parte de la Corte y del Tribunal de Justicia Administrativa.
En entrevista, el funcionario estatal adelantó que también impugnarán dicha negativa y sostuvo que el pleito legal apenas comienza.
- Te recomendamos Plantea NL deuda por 3 mil mdp tras aprobación del PEF Política
“(La negativa de amparo) no tumba ninguna, todo sigue igual y nosotros vamos a impugnar esa de distrito”, adelantó.
Dado lo anterior, González insistió en que, al tener las tres suspensiones a su favor, dos de la Corte y una del Tribunal de Justicia Administrativa, el Congreso no les puede hacer nada ni a él ni al gobernador Jaime Rodríguez hasta que la Corte no resuelva el fondo del asunto.
“No cambia nada, las suspensiones están establecidas para que no puedan ejecutar una sanción y para que no puedan ejecutar el dictamen. Esas son suspensiones que no podrán mover nada hasta que no se resuelva el fondo del asunto en la Suprema Corte.
“Y dos: la otra que otorga el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a los dos es para que se suspenda todo hasta que se discuta el procedimiento que se estableció en el Congreso, porque nosotros consideramos que es un procedimiento que está fuera de ley”, refirió.
Este martes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa notificó al Congreso local sobre la negativa de amparo que ejercieron a Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, quien también por esta vía pretendía evitar que el Legislativo ejecutara alguna sanción en su contra, por el tema de las irregularidades en la recolección de firmas durante la campaña de Jaime Rodríguez a la elección presidencial de 2018.
Según el documento de la notificación, Manuel González Flores pretendía ampararse contra la resolución de fecha 15 de octubre de 2019, mediante el cual rechaza la competencia del Legislativo para sancionarlo por razón de materia, así como por las consecuencias directas, indirectas, mediatas o inmediatas de los actos reclamados.
Con esto, el funcionario estatal acumula tres amparos a su favor y uno en contra, por lo que hasta la fecha no se sabe si el Legislativo tomará en cuenta esta resolución del juzgado federal para actuar en consecuencia.