Al señalar que tienen casos de mujeres que se defendieron de un abuso, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que se amplíen los supuestos de legítima defensa con un enfoque en favor de la mujer, hijo, adulto mayor o cuando una persona vulnerable repele una agresión.
Tras entregar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local, Laura Paula López Sánchez, del IEM, dijo que han tenido conocimiento de casos en los que una mujer es condenada por un delito al calificarse por el Ministerio Público y los jueces como un exceso de legítima defensa.
“Ello ocurre cuando repele una agresión y la víctima es presa de un estado de confusión, miedo o terror, ante la circunstancia de un ataque inminente por parte del perpetrador.
“Sabemos que tales situaciones no son privativas en nuestra entidad federativa, sino que se repiten en todo el país, debido sobre todo a la falta de una adecuada legislación que proteja a la víctima de un delito. Lamentablemente estos casos se repiten, sobre todo en delitos que implican un acto de violencia física contra las mujeres”, declaró Sánchez.
Graciela Buchanan, secretaría de las Mujeres, explicó que la legítima defensa es una institución legal del derecho penal que se invoca como causa de justificación por parte de la víctima al defenderse de una agresión violenta que pone en peligro su integridad física o la propia vida.
“Dadas las circunstancias, las acciones por parte de las autoridades de seguridad pública y de justicia penal, deben complementarse con una legislación que esté acorde con la realidad que viven las víctimas de delitos, debiendo proteger sus derechos a la integridad física propia y de sus familias.
“Ello es importante, pues es un hecho que ha aumentado en nuestro medio la incidencia de delitos como feminicidio, homicidio doloso, violación, robo a casa habitación, entre otros. Se debe capacitar a los jueces”, dijo.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su vez que la reforma propicie una mejor protección de los derechos de las víctimas en general.
“Es de destacar que el concepto de 'racionalidad' en la defensa se encuentra fuertemente influenciado por el estado psicológico de quien repele una agresión.
“Esta realidad, no se toma en cuenta de forma clara en nuestra ley penal, pues al ser de aplicación estricta por el principio de taxatividad, no es posible asumir que el juez integrará circunstancias subjetivas del sujeto, sino más bien, se interpreta la racionalidad de forma abstracta y sin atender a las circunstancias específicas del sujeto que repele la agresión, generando injusticias en perjuicio de la víctima”, indicó.
La propuesta de reforma al artículo 17 del Código Penal para el estado de Nuevo León, indica que cuando fuese mujer o persona perteneciente a un grupo vulnerable quien hubiere cometido el acto, ya sea al rechazar una agresión actual en contra de su persona o de la de un integrante de su familia, o hubiera actuado ante el temor ser agredida y haya antecedente de que previamente ha sufrido cualquier tipo de violencia por parte del ofendido.
“Artículo 24 Bis 14.- En los procesos penales en los que, conforme a la legislación aplicable, existan elementos objetivos suficientes que permitan establecer que se puede estar en presencia de legítima defensa motivada por violencia familiar o feminicida, las autoridades competentes deberán otorgar o en su caso solicitar inmediatamente y de oficio, las órdenes de protección que se ajusten al caso concreto y que aseguren la protección de la mujer imputada y su familia”, se lee en la iniciativa.
En la presentación estuvo Cinthia Lucía Marín Montoya, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Las funcionarias fueron respaldadas por la bancada de Movimiento Ciudadano.
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