Las diferencias políticas e intereses económicos han provocado que desde hace 10 años se desperdicie el título de concesión entregado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que Nuevo León aproveche el río Pánuco.
En diciembre del 2011, Conagua entregó a Agua y Drenaje de Monterrey la concesión por 30 años y 473 millones de metros cúbicos anuales del aprovechamiento de las aguas del río Pánuco.
Sin embargo, debates políticos y cuestionamientos de supuestos falta de transparencia provocaron que en abril 2017, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón tumbara el proyecto.
En 2015, siendo candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y después como coordinador ejecutivo de la Gubernatura, Fernando Elizondo Barragán se pronunció en contra de Monterrey VI y expuso presuntas irregularidades.
"Este proyecto tiene que investigarse o validarse. Si yo soy gobernador, este proyecto se va a echar para atrás y se va a investigar hasta donde llegue, hasta donde sea necesario, y si hay actos de corrupción involucrados en este proyecto, la gente responsable de estos actos de corrupción va a ir a dar a la cárcel”, dijo Elizondo en esa ocasión con motivo del Día Mundial del Agua, en marzo de 2015.
Ese mismo año, Eugenio Clariond Reyes-Retana, ex presidente del entonces Fondo Metropolitano del Agua (FAM), opinó contra el proyecto.
"La situación actual presenta en el Pánuco un déficit anual de 53 millones de metros cúbicos, que se incrementará en caso de realizarse este nefasto proyecto. El déficit será mucho mayor con las concesiones ya otorgadas por Conagua a Querétaro y Guanajuato", señaló el 25 de febrero del 2015.
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En su edición del 23 de noviembre, la plataforma MILENIO-Multimedios indicó que los detractores del proyecto, impulsados por intereses políticos, indicaban que el agua del río Pánuco estaba contaminada y era insuficiente.
Del lado empresarial, entre los críticos se identificó a José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Femsa; a Eugenio Clariond Reyes-Retana, presidente del Consejo de Administración de Grupo Cuprum; a Eduardo Garza T. Junco, presidente del Consejo de Grupo Frisa, y a Enrique Zambrano.
Destaca que ninguno de los opositores a la obra presentó una propuesta para solucionar la falta de abasto de agua.
Otras de las críticas eran los presuntos sobreprecios en las obras, por lo que Humberto Armenta, quien fuera vocero de Monterrey VI, argumentó que el monto total de la inversión era de 17 mil 684 millones de pesos, incluido el costo financiero. Empresarios aseguraban, en contraste, que el proyecto costaría 47 mil millones de pesos y endeudaría a Nuevo León por 27 años.
A casi 10 años de estos dichos, quedó claro que la inversión era importante, pero el precio que paga la sociedad nuevoleonesa sin agua es aún mayor.
El 9 de marzo del 2016, activistas como Luz María Ortiz Quintos, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola, y otras ONG presentaron ante el gobierno del estado un oficio en el que exigieron la cancelación de Monterrey VI.
El pasado 16 de febrero, la administración que encabeza Samuel García Sepúlveda planteó reactivar el proyecto, en la reunión que se realizó en Reynosa con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y gobernadores del norte del país.
Sin embargo, es necesario considerar que el gobierno del estado debería contar con la suficiencia presupuestal para la obra, como lo indicó el mandatario.
Una vez que se tenga ese presupuesto, el proyecto sería licitado par dar arranque con las labores de construcción, para lo cual, de acuerdo con la experiencia existente de obras hídricas anteriores, como sucedió con los proyectos Monterrey I, II, III, IV y V, Nuevo León tardaría hasta cinco años para terminar de construir todo el proyecto Monterrey VI, que permitirá traer agua de los límites de Veracruz y San Luis Potosí a Monterrey, el cual implicará al menos 372 kilómetros.