El gobierno federal confirmó ayer que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 prevé “apapachar” a Nuevo León con un incremento de 11.1% en las participaciones que se le asignan desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que representa el mayor incremento asignado a una entidad federativa.
Sin embargo, la buena nueva presupuestal para la entidad podría frustrarse, ya que el gobierno del Estado de México (entidad a la que se prevé asestar una reducción en sus recursos federales) ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para inconformarse con la metodología mediante la cual se asignan estos fondos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, presentó ayer el proyecto de Gasto Federalizado, que se compone por recursos transferidos a entidades y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.
Ahí dio a conocer que el gasto federalizado para Nuevo León pasaría de 75 mil 411.3 millones de pesos este año a 83 mil 817.7 millones para 2022, lo que representaría un alza de 11.1 por ciento, en caso de que el Congreso federal apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, la aprobación del Legislativo no es el único obstáculo que enfrentan estos recursos para Nuevo León, pues la controversia constitucional interpuesta por el Estado de México podría “amargar la fiesta”.
En entrevista para MILENIO, Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general del estado, reveló que en caso de que la Corte le dé la razón al Estado de México, tan solo en el rubro de participaciones federales Nuevo León estaría recibiendo entre 250 y 300 millones de pesos menos.
A manera de contexto, el funcionario estatal recordó que lo que Estado de México impugnó fue el valor de la variable poblacional que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el último censo de 2020, y el gobierno mexiquense busca que para la determinación de las participaciones federales se tome en cuenta la variable de años anteriores, situación que la ley no permite y exige que se tome en cuenta el dato del último censo.
“El Estado de México lo que objetó fue el valor de la variable poblacional que publicó el Inegi, entonces la Suprema Corte le dio una suspensión para que no utilizaran el censo, sino que utilizaran el dato de población anterior para el caso del Estado de México, y eso afecta a las 32 entidades federativas, porque evidentemente con eso el Estado de México ganará un poco más de tres mil 500 millones de pesos. Con ese simple hecho de tener más valor poblacional le genera más recursos.
- Te recomendamos Cierran autopista Saltillo-Monterrey por condiciones climatológicas Comunidad
“Nuevo León perderá, no sé, 250 o 300 millones de pesos si se sigue manteniendo ese criterio de la Corte. Yo desconozco si esos datos que presentó la Secretaría de Hacienda ya incluyen la suspensión de la Corte o están suponiendo que se calcula con el censo que publicó el Inegi”, dijo.
Aunado a ello, resaltó que también se vería afectado Nuevo León en el caso de los fondos federales y otras partidas si la Corte le da la razón al Estado de México.
“Pero sí es un tema, sabemos que, independientemente de esa publicación, si la Corte le da razón al Estado de México, pues Nuevo León dejaría de recibir 250 millones de pesos y todas las implicaciones que puede haber en otros fondos que no están calculados; esto es nada más de un criterio que tiene que ver con participaciones porque si esa razón la da la Corte, pues aplicaría para todos los distintos fondos y ahí si no sé qué pasaría”, apuntó.
Por eso adelantó que ellos como Nuevo León están aportando pruebas y enriqueciendo la carpeta y el recurso legal de defensa que interpondrá la Secretaría de Hacienda con la finalidad de que el presupuesto se quede como está y que ese 11 por ciento adicional no se vea trastocado en lo absoluto.
“Obviamente, nosotros como involucrados y como afectados, sí estamos haciendo gestiones, ya presentamos oficios y estamos en ese proceso apoyando a que la Procuraduría Fiscal de la Federación presente más elementos en la carpeta”, dijo.
El secretario de Finanzas y tesorero general del estado concluyó que ese 11.1 por ciento adicional en participaciones federales no es que les sea adicional del todo, sino que les dará margen para poder operar y cumplir con nuevas responsabilidades que el gobierno federal les transfirió, ejemplo de ello sostuvo, es el pago de un bono a maestros por 900 millones de pesos.