Genera controversia elección de consejera y proveedora de SP

Diversos grupos sociales cuestionaron que el nombramiento de la arquitecta-paisajista Marcela Garza Morton sea por conflictos de interés entre ambas partes.

Vivero Imperial aparece en el portal oficial de San Pedro en el stock de proveedores de servicios de viveros y jardines (Foto: Especial)
Eduardo Mendieta
San Pedro Garza García /

El alcalde Miguel Treviño de Hoyos propuso a Marcela Lisset Garza Morton como consejera consultiva ciudadana de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que aprobó el Cabildo de San Pedro Garza García, pese a que la empresa en donde trabaja, Grupo Vivero Imperial, es proveedora del municipio.

En el currículum que entregó al municipio, Garza Morton establece que es desarrolladora de proyectos en Grupo Vivero Imperial o Vivero Imperial S. de R.L. de C.V., mientras que en el sitio web oficial de la misma aparece como quien encabeza el departamento de Paisaje.


“Nuestra empresa cuenta con un espléndido departamento de arquitectura de paisaje, encabezado por la arquitecta-paisajista Marcela Garza Morton, graduada en la Universidad de Texas A&M, Campus Collage Station, Texas”, señala la ficha de información en el sitio web de la compañía, de la cual su suegro es el dueño.

Vivero Imperial aparece en el portal oficial de San Pedro en el stock de proveedores de servicios de viveros y jardines, ubicado en la calle Camino Pura y Limpia, sin número, en la colonia Hacienda Cañas en Montemorelos y es representada por Humberto Segovia Vázquez.

Esta persona aparece también como representante de un segundo proveedor denominado Desarrollo de Forestación Decorativa, S.A. de C.V., que presta el mismo servicio, pero con otro domicilio: Privada México 524, colonia María Luisa, la misma dirección de una tercera empresa proveedora en el 2015, Imperial Tree Expert S.A. de C.V., filial de Vivero Imperial, S. de R.L. de C.V.

La empresa es propiedad de Carlos Alanís, suegro de Garza Morton, según indica la consejera en otro medio de comunicación sin decir el nombre de su familiar político.

El Artículo 143 del Reglamento de Participación Ciudadana establece que no podrán formar parte de los Consejos Consultivos Ciudadanos, entre otros, los proveedores o contratistas del municipio, por lo que estaría violando la Ley, polémica desatada en grupos sociales de San Pedro.

La controversia se generó desde la semana pasada en grupos sociales de vecinos de San Pedro, en donde establecen el conflicto de interés, incluso ex funcionarios coincidieron, ya que ellos debieron de renunciar por estar en la misma situación.

“Esto está muy mal, claro que hay intereses de por medio. Cuando yo estuve como funcionaria tuve que vender mi oficina después de 20 años de estar ahí”, señaló la ex funcionaria de San Pedro, quien pidió a MILENIO Monterrey omitir su nombre.

Tras armarse la polémica, otro participante del grupo social de San Pedro acusó que Alanís es compadre de Humberto Treviño Landois, padre del alcalde Miguel Treviño de Hoyos.

“La situación específica es que Treviño Landois es compadre y amigo íntimo de Carlos Alanís, es frecuente que se invite a los íntimos amigos a participar como proveedores, consejeros y funcionarios”, señaló.

El martes pasado, los regidores y síndicos del municipio dieron su aval por mayoría a 11 consejeros consultivos ciudadanos, entre ellos, la arquitecta, a propuesta del alcalde Miguel Treviño de Hoyos.

La votación de los regidores fue a través de una boleta que insertaron en una urna. Los consejeros fueron aprobados por mayoría con 13 votos a favor, pero con un voto en contra y otro en abstención. Se desconoce quién de los ediles sufragó en contra y en abstención y por qué.

“Se aprueba por mayoría la propuesta del presidente municipal relativa a la integración de 11 consejeros ciudadanos y ciudadanas distribuidos en las secretarías a las que se ha hecho referencia”, indicó Dávalos Siller.

La Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio lanzó una nueva convocatoria para suplir a 11 consejeros que brincaron para algún cargo público o por cuestiones particulares o personales, cuya convocatoria pública cerró el pasado 21 de noviembre.

El periodo para fungir como consejero ciudadano consultivo para las diferentes secretarías municipales es de dos años; los nuevos consejeros ocuparán ese cargo por el resto del tiempo que les queda, pues los que ya estaban originalmente aprobados tomaron protesta en junio pasado.

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