Por la ejecución extrajudicial de dos personas indígenas y tres heridos originarios de San Luis Potosí en manos de dos elementos de Fuerza Civil ocurrida en 2020, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Seguridad, ofreció una disculpa pública a las víctimas, al tiempo que los familiares la rechazaron: “nos arruinaron la vida, pedimos que castiguen a los asesinos”.
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En el evento organizado en el Museo de Historia Mexicana, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Estatal, reconoció que los elementos cometieron una ejecución extrajudicial, por lo que se comprometió a mantener la paz con las sentencias ya dictadas por un juez penal del Estado.
“Los policías de Fuerza Civil faltaron al cumplimiento de estos deberes, violentaron múltiples derechos de las víctimas directas, violentaron como consecuencia el derecho a la integridad de los familiares de las víctimas directas, afectando el duelo injustificado en sentido físico, psicológico, emocional, patrimonial y económico.
“Ofrecemos una amplia y respetuosa disculpa pública por los lamentables hechos descritos que derivaron en la injusta privación de la vida de estos”, declaró.
A los servidores públicos responsables de la violación de derechos humanos acreditados de Fuerza Civil, Isaí Gallegos Ruiz y César Estudillo Aguila fueron procesados en la carpeta judicial número 14232/2020, siendo Gallegos Ruiz el que recibió mayor condena con 57 años 18 días de prisión y el pago de 1 millón 246,000.
César Estudillo Aguila fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
“Se ratifica que no hay ninguna conducta inapropiada ni responsabilidad en los hechos que dieron origen a este acto por parte de los ahora occisos”, añadió.
Palacios Pámanes dijo que se garantizará la ayuda a los familiares y se mostró comprensivo por el rechazo de la disculpa pública que ofreció a nombre del Estado.
Añadió que la persona que está prófugo de la justicia probablemente haya sido identificada por agentes del ministerio público, sin que hasta el momento se confirme su captura.
Venancio Santiago, familiar y sobreviviente, dijo que no acepta la disculpa pública porque les arruinaron la vida en Nuevo León.
“Soy uno de los sobrevivientes y de milagro estoy aquí, no acepto las disculpas, no las acepto, no puedo hacer esfuerzo, fui operado de la garganta, nos destrozaron la vida.
“Por más que se disculpen nada van a remediar, no vamos a regresar a mi hermano, ya no va a ser nada igual, de haber sabido que nos iba a pasar esto, mejor me quedo en el rancho, uno viene a la ciudad por necesidad, no viene a faltarle al respeto a nadie, uno se arriesga mucho a buscar el sustento de su familia.
“Pido justicia, que paguen el daño, a quienes estén de encargados de las corporaciones, capacítenles más a sus personas, así como nosotros venimos, hay muchísimas familias que están aquí en Monterrey”, dijo.
Jaime Santiago Margarito, otro de los sobrevivientes, dijo que no se ha podido recuperar de la pérdida.
“Yo no los puedo perdonar, no he podido recuperar la pérdida de mis seres queridos, quedé lesionado de mis pies, no puedo trabajar, le pido al secretario que cumpla con lo que prometió.
“Nos iban a apoyar con becas, con médicos, yo aún no puedo caminar, le sugiero que cumpla, le pido que le enseñe a los informados que no discriminen a nadie, señor gobernador, apóyenos”, expuso.
Javier Navarro, secretario general de Gobierno, dijo que cumplirán los acuerdos económicos y los apoyos.
“Reciban esta disculpa pública y estamos al pendiente de las situaciones, esperamos que no vuelva a suceder”, expresó.
Luego de un estudio exhaustivo sobre el caso, ocurrido el 26 de septiembre de 2020, la presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez Arellano, presentó un documento de 41 páginas en el que señala violaciones graves a los Derechos Humanos, como ejecución extrajudicial, uso indebido de la fuerza pública, actos de tortura, y detención ilegal y arbitraria en agravio de cinco personas indígenas de la comunidad teenek.
Además, la recomendación establece que fueron violentados el Derecho a la Vida, a la Libertad y Seguridad personales, a la Integridad personal, al Debido Proceso y a la Integridad de las Familias de las Víctimas.
“Las personas encargadas de hacer cumplir la ley no sólo están obligadas a respetar los derechos humanos, sino que, además, en sus actuaciones no deben excederse en las atribuciones que las normas explícitamente les confieren”, menciona la recomendación 02/2021.
En el evento estuvieron presentes el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, y más autoridades.