En respuesta a la carta que le dirigió Milarca Fernández Zambrano, hija del ex munícipe Mauricio Fernández, acerca de la cancelación de los museos, el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, aseguró que no está en contra de la cultura sino de la forma en la que se aprobó el proyecto.
En una carta, el alcalde contestó que los motivos por los que canceló las obras tienen que ver con el conflicto de interés, la falta de transparencia y el uso incorrecto del patrimonio público a cargo de la administración que encabezó Mauricio Fernández.
"La primera razón tiene que ver con el conflicto de intereses. Resulta evidente que el ex alcalde Mauricio Fernández era en esto juez y parte: por un lado siendo el ciudadano que pedía la construcción de los museos, y por otro presidía la autoridad que decidía sobre ello", señala en el escrito.
Explicó que los acuerdos y contratos ponían en desventaja al municipio con el compromiso de prestar terrenos, presupuesto, seguros para las piezas de arte, pago de nómina para la operación de los museos e incluso indemnizaciones de más de 700 millones de pesos en caso por cancelar las obras.
Mientras que los propietarios de las colecciones –Mauricio Fernández y su familia– tenían la posibilidad de retirar las piezas o sustituirlas a discreción sin consecuencias.
Esto, dijo, aunado a que no se tenía claridad sobre el costo total de la construcción y operación de los museos, así como el donativo de hasta 50 millones de pesos al que se había comprometido Mauricio Fernández, y del cual no hay registro en los archivos del municipio.
"El presupuesto original representaba una inversión de 150 millones de pesos, luego se incrementó a 220 millones, y finalmente ascendió a 370 millones de pesos. Esto es casi la mitad de lo recaudado por concepto de predial en el 2018", señaló.
En resumen, dijo, los museos "son símbolo de decisiones unilaterales, votaciones forzadas, voces silenciadas, conflictos de intereses, falta de transparencia y uso incorrecto del patrimonio público", por lo que "la única alternativa razonable para el Ayuntamiento era revocar los acuerdos que dieron origen a esos proyectos".
Finalmente, señaló que concordaba con su postura de que el municipio debe promover la cultura, pero de una manera transparente y legal, y la invitó a sostener un diálogo público sobre las decisiones que tomó el Ayuntamiento.