Organizaciones y comités de víctimas se pronunciaron contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerarla un retroceso en materia de derechos humanos, cuando no se justificó su creación al ya existir una Ley Orgánica de la FGR, “que a la fecha no ha sido implementada”.
Sin retomar las contrapropuestas de los colectivos de víctimas, la nueva ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y hasta las 22:07 horas continua su discusión en lo particular.
Colectivos y asociaciones como Buscando Desaparecidos México, Mariposas y Contra la Impunidemia, pidieron que fueran reconocidos como ayudante en los procesos de investigación y búsqueda de personas, a lo que se negaron a integrar los diputados en las reformas.
"Van a dar migajas a las víctimas"
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justica, perteneciente al Colectivo Contra la Impunidemia, afirmó en entrevista con MILENIO la falta de necesidad sobre una nueva ley, ya que su actual marco normativo se elaboró junto con servidores públicos, diputados y senadores de Morena, recuperando las mejores prácticas de la región.
“Lo principal es que volvemos al antiguo esquema de la PGR burocrática, jerárquica, que no tenía las capacidades ni estaba preparada para investigar crímenes sobre casos de desaparición. Es una fiscalía que aleja a las víctimas, limita sus derechos, la participación ciudadana y no pone en el centro a las víctimas, pero tampoco la autonomía que tiene que tener para investigar sin ningún tipo de injerencias. No prioriza el servicio de carrera”, aseveró.
Delgadillo comentó que había un sistema de mayor participación horizontal de las víctimas, es decir, de los colectivos al tener capacidad de investigación, como en tareas forenses. Lo que se proponía era que se pudieran armar conjuntamente planes de búsqueda, “en los casos donde no hubiera resultados en las fiscalías locales o se presentaran grandes violaciones a los derechos humanos, pudieran ser atraídos por la FGR”.
“En el tema migrante, quienes están en otros países, tuvieran la oportunidad de participar en las investigaciones a través del mecanismo apoyo exterior, porque ahí tenemos una gran impunidad. Los familiares ni siquiera pueden llegar al país. Todo eso se dejó fuera, de alguna manera la Fiscalía está dejando de lado a quien tendría que ser su principal aliada, que son las propias víctimas”, argumentó.
En torno a las demandas no incorporadas, Delgadillo explicó que analizaron cada artículo aprobado por el Senado, para decir cuál era su problema.
A su vez, plantearon un diagnóstico de 166 páginas que enviaron a San Lázaro para alertar sobre los retrocesos y finalmente, les dieron un resumen con cerca de 16 artículos.
“Vengo de la Cámara de Diputados y lo que estamos analizando, lo que van a dar a las víctimas son migajas. Es muy menor y realmente no es algo significativo para la defensa de sus derechos, creo que hay una mala interpretación. Lo que quitaron son cosas muy valiosas que nacen de muchos años de trabajo, por ejemplo, tracción en los casos donde no haya resultados efectivos por parte de las fiscalías locales. En estos casos, quien lo tiene que pedir es la CNDH o que tiene que haber una declaratoria”, señaló.
Ley Orgánica de la FGR no ha sido aplicada
Dicho colectivo emitió un comunicado el 19 de abril donde acusó que la legislatura y el actual fiscal general Alejandro Gertz Manero, no han presentado evidencia que sostenga la necesidad de elaborar una nueva ley y por ello, esto representa una traición a las víctimas del país y a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la impunidad y brindar justicia.
“La Ley Orgánica de la FGR no ha sido aplicada y ha sido violada en diversas ocasiones, incluida la falta de presentación del segundo informe de resultados del fiscal ante el Senado, el cual debió presentarse a inicios de este año.
“Pedir al fiscal Gertz Manero que explique con detalle cuáles son las faltas de la actual ley, por qué se ha incumplido reiteradamente…Frente a los riesgos para la autonomía de la FGR y la disminución de los derechos de las víctimas, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad histórica de no llevar a cabo acciones regresivas”, refirió en el documento.
Laura Curiel, coordinadora del Colectivo Mariposas Destellando Corazones y Justicia, comentó en entrevista que al establecerse el Ministerio Público de la Federación como órgano público autónomo, se turnará a “solo estar presente”, pero no lo obligará a ninguna facultad.
“El hecho de que el país no ha implementado ni 40 por ciento la Ley Orgánica, es por eso que los familiares hicimos la invitación a los senadores de elegir un familiar con una persona desaparecida, que trataran de ver cómo se implementan en su carpeta la ley y vas a ver que no es problema de la ley, ni de nosotros. Es problema de fiscalías con base en esa autonomía, el hecho de decir 'yo solo estaré como invitado, para ver que hacen'”, dijo.
La también madre que busca a su hija Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo del 2015 en Tlalnepantla, Estado de México, agregó que su lucha es porque no se genere eso, al contrario, sino para decir “aquí estamos, qué hacemos todos en conjunto”, porque el Sistema Nacional de Búsqueda implica diversos actores.
“La titular Karla Quintana siempre ha sido nuestra aliada. La pandemia hizo unirnos y estamos juntos en esto. Cuando mi hija desapareció eran como 20 mil, ahora somos como 80 mil. Claro que nos iremos a organismos internacionales a decirles México nos está haciendo esto”, sentenció la coordinadora de la colectiva que tiene implementación en la Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y Edomex
Según la Comisión Nacional de Búsqueda, este cambio implicará también desconocer el Protocolo Homologado de Búsqueda, una herramienta desarrollada conjuntamente por instituciones y colectivos de afectados.
Por su parte, Grace Fernández del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, subrayó que al no estar obligados, la Fiscalía podría pasarse diez años investigando la desaparición de una persona, sin tomar en cuenta la aportación de la familia.
“Se echaron toda la parte del servicio de carrera, vamos a seguir con ministerios públicos que apenas si conocen la Constitución y mucho menos las leyes especiales”, dijo.
JLMR