Tras enviar al Congreso del estado la iniciativa de Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, el gobernador Omar Fayad Meneses señaló que su administración no puede cerrar los ojos ante la corrupción.
Indicó que el objetivo de la iniciativa es proteger la integridad de quienes rinden declaraciones testimoniales o información por posibles actos de corrupción y apuntó que para combatirla debe participar el gobierno y la ciudadanía.
- Te recomendamos Secretario de Cultura pide licencia sin goce de sueldo Política
“Sin embargo sabemos que existe el temor de que las personas que aportan información al proceso se ven afectadas en su integridad física y psicológica, en su patrimonio, estabilidad laboral y jurídica”, sostuvo.
Mencionó que la iniciativa, entregada al Congreso del estado por el secretario de Contraloría, César Román Mora Velázquez y el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, busca generar condiciones de certeza y seguridad a quienes por deber o por voluntad propia colaboran en el combate a la corrupción.
Fayad Meneses envió la iniciativa al Congreso este lunes en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIV legislatura. Fue recibida por los integrantes de la Junta de Gobierno y la presidenta de la Mesa Directiva, Doralicia Martínez Bautista, la turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
Objetivos de la iniciativa de ley
De acuerdo con la iniciativa sus objetivos son: establecer medidas de protección para toda aquella persona que denuncie posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas o aporte información sensible al proceso de investigación de los mismos.
Las medidas de protección podrán extenderse a familiares del denunciante hasta tercer grado por consanguinidad o parientes por afinidad, así como a las personas con las que tenga lazos de amistad o relación estrecha.
Además de proteger la integridad de las personas que rinden declaración testimonial o información por posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas; determinar, erradicar y controlar los factores de riesgo de las personas que aportan información sensible para la denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción; y facilitar, por parte de las autoridades, la denuncia de hechos de corrupción.
Son sujetos de la iniciativa de ley los servidores públicos; las personas físicas; las personas morales; aquellas personas que aporten información sensible relacionada con posibles hechos de corrupción; y los familiares del sujeto de protección hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad.
En tanto, la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo; el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial; la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; y los Órganos Internos de Control serán las autoridades facultadas para aplicar la ley.
La autoridad será la encargada de recibir las denuncias por represalias a los testigos o servidores públicos que denuncien conductas de corrupción como: despido arbitrario, disminución de salario, movilización improcedente de centro de trabajo, cambios injustificados de naturaleza del trabajo, amenazas u otros que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no justificable.
De comprobarse que existe relación entre la denuncia de posibles hechos de corrupción y las represalias, que tenga como propósito dañar su esfera jurídica, psicosocial y sus bienes así como la preservación de las condiciones laborales, atemorizar o castigar a los denunciantes y testigos, se pondrá a consideración de la autoridad penal o administrativa para que se inicie el procedimiento correspondiente y en su caso se emitan las medidas cautelares respectivas y sanciones que procedan.