Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno deNuevo León, amenazó este miércoles con no reconocer al gobernador interino si el Congreso del Estado no elige a uno que sea de Movimiento Ciudadano.
Durante la conferencia de Nuevo León informa, el funcionario estatal hizo recuento de todos los recursos legales presentados por el Gobierno del Estado y las resoluciones de los jueces de la Ciudad de México y Reynosa, vinculadas a las emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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“Si el Congreso encuentra una candidata o un candidato de MC y se ponen de acuerdo los 42 diputados y diputadas, y no soy yo, pues será la persona que ocupe este cargo de gobernador interino”, dijo.
“Sería improcedente que lo hicieran (el Congreso) e ilegal porque estarían volando las dos suspensiones provisionales y estarían violando las resoluciones del Tribunal Electoral. No podríamos reconocer alguien espurio porque mientras estén las resoluciones vivas y mientras no se cumplan las resoluciones del Tribunal, tendríamos que iniciar las acciones legales en contra de quien viole las suspensiones, o bien, en contra de quien no lleve a cabo la ejecución de la sentencia en los términos que esté dictada la resolución, no podríamos atender ningún tipo de facilidad que el Congreso pueda designar contrario a las resoluciones del TEPJF”, complementó Navarro Velasco.
Dijo que hasta ayer en la noche estuvieron en la mesa de diálogo con los diputados locales, sin embargo, no llegaron a acuerdo alguno y le gustaría que continuara, ya que lo más importante es demostrar esa madurez política y darle la garantía a la ciudadanía de que este gobierno se mantendrá como siempre trabajando.
Los diputados temen el uso de la fuerza pública si el gobernador no es de MC, ¿que harían ustedes?
“De ninguna manera se utilizará la fuerza pública, entiendo que lo que está haciendo el Congreso es, simplemente, perdónenme la expresión, es un teatro para causar una inquietud o un malestar con los ciudadanos, pero no existe en absoluto la intención de usar la fuerza pública.
“Esa situación está muy alejada de la realidad, el Gobierno del Estado jamás utilizaría la fuerza pública para impedir algún acto del Congreso, si el Congreso va a llevar a cabo algún acto ilegal tendríamos que presentar las denuncias correspondientes por incumplimiento de las sentencias o de las suspensiones definitivas y provisional”, dijo.