El magistrado Felipe de la Mata Pizaña criticó que México no puede tener una doble moral aceptando tratados internacionales y luego negarse a darles cumplimiento, porque se trata de “restricciones al poder del rey”, como en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que ordenó al Estado mexicano dejar sin efecto la figura del arraigó.
La semana pasada, luego de que la CIDH ordenó “dejar sin efecto” la figura de arraigo en México”, el secretario de Gobernación consideró “un despropósito” que la CIDH quiera “ponerse por encima de la Constitución y faltarle el respeto al Estado Mexicano”, por lo que dejó claro que “no estamos de acuerdo que haya un supra poder por encima del Estado de derecho que está regido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Este martes, en la presentación del libro Once años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México, sin mencionar el nombre del secretario de Gobernación, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación criticó las opiniones en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Tzompaxtle Tecpile.
Destacó que es una sentencia histórica que se basa en el artículo 2 de la Convención Americana donde se establece la obligación de los estados de no adoptar disposiciones de derecho interno que impliquen violaciones a derechos consagrados en la propia convención, y en el artículo 17 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que disponen que un Estado, no puede invocar disposiciones de su derecho interno para dejar sin efecto disposiciones de tratados internacionales.
“Podríamos hacernos preguntas si esto no es contrario a la soberanía del Estado mexicano, a mí me parece que de modo alguno, me parece que el Estado mexicano, libremente suscribió el Pacto de San José, suscribió en la Convención sobre derechos de los tratados y en el estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no se puede tener es una doble moral donde estás por un lado aceptando las convenciones internacionales, fijándolo como paradigma convencional y constitucional, y por el otro lado desconociéndolas en torno al cumplimiento, eso no es razonable, ni constitucional, ni razonable.
“Y hay que recordar que la noción misma de Constitución implica restricciones al poder estatal ¿alguien lo duda?, así nació en la Carta Magna, restricciones al poder del rey, así que al Constitución limita el poder del Estado y es razonable también, darnos cuenta, que este tipo de sentencias pueden generar de alguna manera, disgustos en el Estado que se ve limitado y restringido respecto de su actuar, porque el paradigma no es el poder, el paradigma tienen que ser los derechos humanos”.
El magistrado dejó claro que la CIDH sólo le recordó a México sus obligaciones como Estado, y no es la primera vez que lo hace, pues son varios los países condenados por no cumplir los acuerdos de derechos humanos a los que se comprometen.
“Corresponde reiterar que cuando un estado ha ratificado un tratado internacional, todos sus órganos, incluidos sus jueces están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados’.
“A pesar de tratarse de violaciones de tipo penal, el alcance sobre los alcances de las obligaciones del Estado mexicano en cuanto al control de convencionalidad serán un referente en todos los niveles y en todas, todas las salas y en todos los juzgados del país, ya no se diga en la propia Suprema Corte y por supuesto, ya no se diga para todas las autoridades dentro de las cuales, por supuesto, se encuentran, las autoridades electorales”.