Joaquín Aguilar y Jesús Romero Colín, víctimas de abuso sexual de sacerdotes, señalaron que no son mártires, sino “víctimas de clérigos, solapados” por el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Además, denunciaron que la jerarquía católica aún encubre a padres pederastas, ya que hay casos recientes en Oaxaca, San Luis Potosí y León, donde los obispos conocieron las denuncias, pero dieron prioridad a cuidar la imagen de la Iglesia que a apoyar a las víctimas para hacer justicia.
Este miércoles, MILENIO publicó que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que a los niños abusados sexualmente por sacerdotes, religiosos o integrantes de la Iglesia católica se les consideraba “mártires”.
Romero Colín, quien denunció los abusos del sacerdote Carlos López de la Arquidiócesis de México en 2004, señaló que la jornada de oración, organizada debido a los abusos a menores en la Iglesia, debe de ser una reunión de investigación “para ver qué autoridades y qué sacerdotes... han permitido que se siga violando a niños.
“Una jornada de oración es lo mismo que no hacer nada; en realidad tienen que realizar una investigación dentro de la Iglesia y encontrar a todos los delincuentes que están ahí para expulsarlos y que rindan cuentas ante las autoridades civiles... Una oración en las leyes de la tierra no sirve de mucho”, declaró.
Alberto Athié, quien renunció al sacerdocio por las presiones sufridas al denunciar los abusos sexuales de Marcial Maciel, afirmó que las víctimas “no son mártires, porque esos niños no se ofrendaron a Cristo o a la Iglesia para morir por su fe, en términos espirituales y morales, sino (víctimas) que buscan verdad y justicia”.
Aguilar, víctima del sacerdote Nicolás Aguilar, a quien denunció en EU junto con el cardenal Norberto Rivera, comentó que desde que dio a conocer los abusos “siempre he sido perseguido”, pero “no me considero mártir”. Eso de “convertir el delito en pecado: ‘me confieso y entre nosotros nos perdonamos’”, es un mecanismo que la Iglesia no quiere cambiar, aseveró.
JUSTICIA EN LA TIERRA
En tanto, el director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Pérez García, opinó que la declaración de la CEM “es cándida, porque más allá de que la Iglesia los considere mártires, todo queda en el ámbito religioso, en el de su propia mirada, pero no en la lógica de la justicia”, dijo.
Asimismo, señaló que más allá de que exista una “reparación de daño espiritual y un terrenito en el cielo, independientemente de eso, necesitamos justicia en la tierra”. La declaración del secretario general de la CEM y obispo auxiliar, Alfonso Miranda Guardiola, refleja “que la Iglesia no asume con seriedad el tema; que entregue a los sacerdotes pederastas, que no los oculte”. Las autoridades eclesiásticas “no han cumplido con su cometido de justicia”, arguyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, Jesús Valencia, también exigió a la CEM entregar a las autoridades a los sacerdotes pederastas “que tiene escondidos en sus iglesias”.
El legislador perredista consideró que el reconocimiento que hace la CEM de tener entre sus integrantes a pederastas es una revelación para ellos, pero no para la población, la cual sabe desde hace mucho que ocurre esto en las iglesias del país.
Por ello, exigió que la Iglesia entregue a los clérigos que la institución religiosa sabe que son señalados por lo feligreses de abusos sexuales de todo tipo.
Con información de: Eugenia Jiménez, Francisco Mejía, Elia Castillo y Fernando Damián.
CORTE DECLARA CONSTITUCIONAL LEY CONTRA ESE DELITO
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, el cual establece una pena de nueve a 18 años de prisión contra aquellas personas que cometan el delito de pederastia y los supuestos en que éste ilícito se puede realizar.
El artículo señala que se establecerá la citada pena a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a realizar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.
No obstante, el precepto fue impugnado por la expresión “o de cualquier índole”, que se acusó de ambigua e imprecisa; pero la sala aprobó el proyecto de sentencia de José Cossío Díaz, quien explicó que el precepto es constitucional.
Con información de: Rubén Mosso/México.