La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna, dijo que los cambios a la Ley del Infonavit propuestos por Morena representarán para los trabajadores “un grave daño patrimonial” al perder sus ahorros para la adquisición de una vivienda digna; por ello, dijo que defenderá los 2.2 billones de pesos de la Subcuenta de Vivienda.
La legisladora señaló que el PAN está en contra de la iniciativa y exigió que en enero se realice un Parlamento Abierto para escuchar la opinión de todas las partes.
Recordó que “primero, el gobierno morenista se robó 40 mil millones de pesos de las Afores de los adultos mayores de 70 años que no supieron cómo reclamar los ahorros de su vida laboral. Y ahora van por 2.2 billones de pesos del Infonavit, que también son los ahorros de toda una vida de las y los trabajadores para adquirir una vivienda”.
Al manifestarse en contra de las modificaciones a la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la legisladora respaldó a las 23 organizaciones sindicales que acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OTI) para defender sus ahorros y patrimonio.
“Morena, con la complicidad del PVEM y PT, pretende apropiarse de los recursos de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit, producto de las aportaciones de los sectores obrero y patronal”, afirmó al dejar en claro que “no son recursos del gobierno, son propiedad de las y los trabajadores, que mes con mes aportan al fondo para integrar un monto que, llegado el momento, les permitirá solicitar un crédito para la compra de un inmueble que se convertirá en el hogar de sus familias”.
La Representante Popular por Zacatecas manifestó que Morena dio un albazo en el Senado, donde el 12 de diciembre, vía fast track y “sin mover una coma”, aprobaron las reformas a las leyes del Infonavit y Federal del Trabajo. Con los cambios en los artículos 17, 18 bis, 25 bis, 66 y 42 de la primera legislación terminaron con el sistema tripartita, integrado en partes iguales por los sectores gubernamental, obrero y patronal.
Con ello permiten que el gobierno tenga mayoría en los Comités de Vigilancia, Auditoria y Transparencia; es decir, ya no contará la opinión de los trabajadores ni empleadores y no habrá quien supervise y transparente el gasto de recursos y el desarrollo de los proyectos.
Mencionó que además eliminaron la presidencia rotativa del instituto para imponer una permanente encabezada por el director general y le dieron derecho de veto.
LG