Ha transcurrido un año desde que la ministra Norma Piña Hernández rindió protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Alto Tribunal y acabando con más de 200 años de elecciones de varones.
Sin embargo, su gestión ha estado marcada por “encontronazos” con el titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, el cual ha aprobado iniciativas para disminuir recursos y eliminar fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que al igual que el primer mandatario ha criticado los salarios de los ministros y las sentencias emitidas.
Los desencuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron el 5 de febrero de 2023, durante la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la Constitución, en Querétaro.
Norma Piña no se puso de pie cuando el titular del Ejecutivo Federal arribó al presídium y el resto de los presentes lo recibió con aplausos. La ministra solo se levantó cuando se rindieron honores al lábaro patrio.
El último encuentro donde se vio a la ministra y a López Obrador juntos ocurrió el 9 de febrero, en el 110 Aniversario de la Marcha de la Lealtad.
Una de las primeras acciones que tomó como presidenta fue desechar una solicitud que exigía la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, tras ser señalada de presuntamente haber plagiado su tesis de licenciatura.
También recibió un escrito de Juan Pablo Badillo Soto, defensor y apoderado legal del capo Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, quien narró que las imputaciones contra el ex líder del cártel de Sinaloa en la Corte de Nueva York, no fueron previamente hechas del conocimiento de las autoridades mexicanas, ni le fueron notificadas con la debida anticipación al extraditado.
A fines de febrero, el presidente López Obrador declaró que con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Lo anterior, porque un juez federal amparó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ordenó cancelar la orden de aprehensión en su contra.
Días después, una persona publicó en redes sociales una amenaza contra la ministra. Esto provocó que los juzgadores del país cerraran filas, lo mismo que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), quienes pidieron al Presidente y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto y demandaron una investigación para dar con los responsables de la cuenta que difundió la imagen amenazando a la ministra.
Después, la ministra inició una serie de giras a los circuitos judiciales donde hizo llamados a los juzgadores a ser “guardianes de la Constitución” y a actuar con responsabilidad y prudencia.
En mayo, recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023 que otorga la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés).
En dicho mes se desató un escándalo, cuando el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta, aseguró que Norma Piña le envió mensajes por WhatsApp y que lo había amenazado.
La ministra reconoció que sí envió mensajes al senador, pero rechazó haberlo amenazado y puntualizó que la información que el legislador proporcionó era inexacta.
En agosto, el PJF solicitó un aumento del 4 por ciento, respecto del presupuesto aprobado para 2023, es decir, buscaba el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sería 84 mil 792.4 millones de pesos, recursos que dijo eran indispensables para la independencia judicial y su desempeño adecuado.
Luego, ante la propuesta de eliminar 13 de 14 fideicomisos del PJF se filtró un video en redes sociales donde se veía a la ministra decir que el silencio del PJF ante la posible desaparición de los fideicomisos, no implicaba inacción, sino prudencia.
Tras aprobarse la eliminación de los fideicomisos, se dio inicio a un paro de trabajadores y se realizó una marcha para defender sus derechos.
Luego se promovieron amparos y obtuvieron suspensiones, tanto en juzgados como en la Corte, mismas que frenaron la desaparición de los fideicomisos y la entrega de más de 15 millones de pesos.
En noviembre, la ministra dejó entrever estar dispuesta a ayudar a la población afectada de Acapulco por el huracán Otis, tal y como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos eliminados del Poder Judicial fueran destinados para la reconstrucción. Pero esto no ocurrió.
En diciembre, al rendir su informe de labores, el Presidente no acudió y envió como su representante a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dejando claro las diferencias que hay entre ambos.
MO