La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó ayer al ex presidente Donald Trump y a su compañía, a los que acusó de fraude por inflar en miles de millones de dólares el valor neto de activos como campos de golf, hoteles y residencias en la Torre Trump y Mar-a-Lago.
La demanda, que James presentó en una corte estatal, es la culminación de una pesquisa de tres años en torno al ex mandatario y la Organización Trump. También son señalados sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric, junto con dos ejecutivos de la empresa: Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.
James quiere que Trump y los demás acusados paguen al menos 250 millones de dólares, monto que afirma fue el valor de las ganancias conseguidas mediante prácticas fraudulentas.
La funcionaria dijo en rueda de prensa que su oficina presentó el caso —que es civil y no penal— tras rechazar las propuestas para un arreglo presentadas por la defensa de los Trump.
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El supuesto ardid tuvo como propósito realzar la imagen de Trump y el valor de sus propiedades para conseguir ventajas empresariales, como obtención de créditos en condiciones favorables, mientras que otras veces disminuía el valor de sus bienes con fines fiscales.
Letitia James dijo que su pesquisa puso al descubierto posibles infracciones penales, como falsificar archivos empresariales, difundir falsos estados financieros, fraude de seguros, confabulación y fraude bancario. Añadió que su despacho decidió turnar los hallazgos a fiscales federales y al Servicio Interno de Impuestos.
La demanda pide prohibir a Trump y a su firma “participar en cualquier adquisición de bienes raíces comerciales en el estado de Nueva York o solicitar préstamos a institución financiera”.