En las auditorías a las finanzas municipales de Tula de Allende solicitadas por el actual alcalde a la pasada gestión de este gobierno, se detectaron observaciones por 86 millones de pesos (mdp), aunque esta cifra podría incrementar, según se dio a conocer este martes.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Mario Guzmán Badillo, el personal de la Contraloría del estado dio a conocer que tras el proceso de revisión se detectaron ausencias de adjudicaciones, contrataciones improcedentes y documentación carente de validez por un importe de aproximadamente 66 mdp.
Además de eso se detectaron anomalías en la adquisición de artículos para mitigar la pandemia de covid-19 y en la compra de artículos para limpieza de la presa Endhó en el 2021; se hallaron también, autorizaciones, pagos improcedentes y documentación carente de validez por un importe de 9 mdp que se aplicaron presuntamente en el pago de servicio de relleno sanitario, adeudos con Comisión Federal de Electricidad (CFE), combustibles y alumbrado público en 2021.
De igual manera se observó el ejercicio de recursos por un importe de 9 mdp en la compra de dos camiones recolectores de basura, la cual se efectuó sin contar con la autorización y sin estar en el presupuesto de egresos municipal, compras que presentan inconsistencias en las adjudicaciones y contrataciones.
Revelaron también que hay carencia de proceso de adjudicación en la contratación de grupos musicales para la feria 2023, como en el caso de Los Cardenales de Nuevo León, por un importe de 319 mil pesos; En suma las observaciones suman un monto de casi 86 mdp.
Aunque también hay muchas facturas que fueron pagadas en su momento y actualmente se encuentran canceladas, las cuales ahora se encuentran en un proceso de cuantificación, por lo que en breve se podrían dar a conocer nuevos datos sobre mermas al erario.
Señalaron que hasta que concluyan las indagatorias y demás procesos se presentará un informe final, se entregará al área competente y se definirá si hay elementos para iniciar carpetas de investigación para que se finquen las responsabilidades correspondientes.
También se dio a conocer que desde que Guzmán Badillo asumió el cargo, hace poco más de dos meses, se removió a 23 servidores públicos, principalmente de las áreas recaudadoras, entre ellos tesorería, secretaria general, contraloría, Obras Públicas, Adquisiciones y DIF, entre otros, pero también a algunos que no cumplían con el perfil para el que estaban contratados.
Hasta ahora ninguno ha interpuesto una querella por despido, además de que el alcalde precisó que no se han registrado abandonos de cargos, pues todos los movimientos fueron por remoción, aunque se precisó que la responsabilidad que recae en los funcionarios por posibles manejos improcedentes de recursos o por mal desempeño de funciones no se extingue al concluir su periodo de gestión.