Lo que comenzó como un caso local de sobornos a funcionarios brasileños a cambio de contratos, se convirtió en un escándalo que develó una red de corrupción en América Latina cayeron en desgracia presidentes en toda la región, incluso cobrando el suicidio de un ex mandatario.
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Una caja de Pandora que el gobierno anterior intentó tener cerrada, pero que la llegada de Emilio Lozoya amenaza con abrir y exhibir los tratos más oscuros en la política.
Marcelo Odebrecht fue detenido el 19 de junio de 2015 en Brasil, acusado de corrupción y lavado de dinero, pero a cambio de su libertad delató ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos a sus socios.
Odebrecht SA, una de las firmas de construcción más grandes de América Latina, integró el llamado cártel Lava Jato: ocho compañías coludidas para sobornar a funcionarios y políticos y ganarse jugosos contratos de obra pública en Brasil y otros países, incluido México.
Su arresto y revelaciones desencadenaron confesiones, acusaciones, detenciones, liberaciones y negociaciones de empresarios, funcionarios, políticos y presidentes, algunos considerados progresistas, de casi todo el continente.
Aunque los sobornos y las delaciones llegaron a México, no ha tenido la fuerza suficiente, hasta ahora, para acorralar a alguien. La extradición de Lozoya puede ser el inicio de la hebra.
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Por los diversos casos de sobornos pagados a numerosos políticos, tanto por Odebrecht como por las empresas del cártel Lava Jato, han sido investigados —algunos enjuiciados— tres presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer; cuatro de Perú, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, quien terminó suicidándose antes de ser detenido; uno de Colombia, Juan Manuel Santos; uno de Paraguay, Horacio Cartes; uno de Panamá, Ricardo Martinelli, y uno de El Salvador, Mauricio Funes.
Debajo de ellos hay una larga lista de funcionarios menores: diputados, senadores y alcaldes también involucrados.
Como en toda trama policiaca se han registrado cinco muertes sospechosas, por lo inesperadas, de testigos clave: una caída de avioneta, un infarto, un suicidio, un envenenamiento y otra sin explicación.
Muchos de los implicados, incluidos los directivos de Odebrecht y de sus filiales en los diferentes países, han obtenido ventajas de parte de los poderes judiciales, que les han permitido seguir sus procesos en libertad o cumplir con sus sentencias desde casa, con grilletes electrónicos, o en el mejor de los casos, no ser procesados.
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Es el caso de Marcelo Odebrecht, quien vive su condena a casi 20 años de prisión desde su domicilio.
En tanto, altos ejecutivos de la firma, dedicados expresamente a gestionar los sobornos, prefirieron, antes de ser imputados, convertirse en delatores y señalar con nombres y apellidos a quienes cayeron en el cohecho.
MÉXICO, EL DIQUE
En 2015, cuando el juez brasileño Sergio Moro reunía evidencia contra José Dirceau, ex ministro de Lula, por el caso Lava Jato, solicitó asistencia a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), petición nunca atendida.
Según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien desoyó ese llamado e impidió abrir el capítulo México de la trama Lava Jato-Odebrecht fue José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, ex procurador de Hidalgo en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, cuyo casero se benefició por Odebrecht.
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Sin atender el llamado de Brasil, Rodríguez Calderón renunció para ser nombrado titular del Sistema Federal Penitenciario y en su lugar quedó Alberto Elías Beltrán, quien después quedó a cargo de la PGR cuando Raúl Cervantes renunció.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de seis ejecutivos de Odebrecht por haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014, sin mencionar nombres.
El 12 de abril de 2017, el documento judicial con esa confesión se hizo público y se mencionó por primera vez el nombre de Emilio Lozoya como presunto beneficiario de los sobornos de Odebrecht.
Pasó un mes para que Pemex presentara una denuncia en contra de Odebrecht ante la PGR.
Raúl Cervantes era el titular de la PGR, pero él había sido el abogado de la campaña de Peña Nieto y le había tocado defenderlo de las acusaciones de financiamiento ilícito de Odebrecht para su campaña.
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En ese tiempo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, entonces fiscal electoral, comenzó a jalar las hebras para indagar el origen del dinero presuntamente ilícito, pero fue destituido de su cargo.
Cervantes dejó la PGR el 16 de octubre de 2017 y anunció que había concluido la investigación “de uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto”. Pero no reveló resultados, hasta ahora no se conoce ningún avance en la investigación.
La llegada de Lozoya para enfrentar las acusaciones de soborno, junto con las de la compra irregular de la planta de AgroNitrogenados, abre el capítulo México de la trama Odebrecht, un episodio que lleva ya varios años de retraso.
BRASIL, EL EPICENTRO
En el país donde surgió todo, y hay más de 150 condenados, las acusaciones llegaron al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), arrestado el 7 de abril de 2018 por la acusación de Léo Pinheiro, ex directivo de la constructora OAS, del cártel Lava Jato, de regalarle un departamento.
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Condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, primero a 9 años y 6 meses de prisión, y después, a 12 años. No obstante, el 8 de noviembre de 2019 salió de prisión, pues tenía pendiente por resolverse un recurso de apelación a su condena. Lula mantiene dos condenas abiertas y al menos siete procesos por corrupción en su contra.
Aunque hasta ahora no existe una condena contra la ex presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), la sucesora de Lula da Silva fue vinculada a los sobornos de Odebrecht e incluso en 2017 le congelaron sus cuentas bancarias. Supuestamente Odebrecht financió ilegalmente su campaña electoral con fondos recaudados por Lula y su ex ministro Antonio Palocci.
En la misma trama de Lava Jato resultó involucrado el ex presidente Michel Temer (2016-2018), quien en 2019 entró y salió de prisión en numerosas ocasiones.
Por lo menos otros ocho políticos brasileños fueron culpados y sentenciados con el caso Lava Jato-Odebrecht.
LOCURA EN PERÚ Y ECUADOR
En Perú cuatro presidentes enfrentaron la justicia por la trama Lava Jato-Odebrecht.
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El 17 de abril de 2019, fiscales y policías llegaron al domicilio del ex presidente Alan García (2006-2011, en Lima, para arrestarlo por su presunta implicación en sobornos pagados por Odebrecht para la construcción del Metro de la capital y el financiamiento ilegal de su campaña electoral. Antes de que tocaran a la puerta, se disparó en la cabeza. Las siglas de su nombre, “AG”, habían aparecido en la agenda de sobornos de Marcelo Odebrecht.
Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006, huyó del país en 2017. Fue detenido en julio de 2019 en EU, acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares a cambio de la adjudicación de dos tramos de una autopista. Su extradición está pendiente, debido a su estado de salud mental.
El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, siguen el proceso en libertad, acusados de presunto lavado de dinero, donaciones irregulares de Odebrecht a su campaña electoral y de favorecer con contratos a la compañía; se les pueden imputar 20 y 26 años de prisión.
Pedro Pablo Kuczynski, en el poder entre 2016 y 2018, está preso desde 2019 por favorecer un pacto entre Toledo y Odebrecht para adjudicar la construcción de la carretera Interoceánica.
Además, la legisladora Keiko Fujimori fue acusada de lavado y de recibir un millón de dólares de Odebrecht, y Luis Castañeda, ex alcalde de Lima (2014-2018).
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En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas, y su tío, Ricardo Rivera, fueron sentenciados a seis años de prisión, por recibir 13.5 mdd para adjudicar contratos a Odebrecht; y el ex contralor Carlos Pólit, y su hijo, John Pólit Estévez, sentenciados por concusión, relacionado al caso Odebrecht.
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
PEÑA SE REUNIÓ CUATRO VECES CON EL EMPRESARIO
De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Enrique Peña Nieto se reunió en México, en cuatro ocasiones con Marcelo Odebrecht, tres de ellas antes de ocupar la Presidencia, y la última, en una reunión celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde anunció una inversión de 8 mil 100 millones de dólares en cinco años; pero el brasileño también se reunió con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y con el entonces presidente Felipe Calderón.
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A Brasil, por su parte, fueron a visitarlo los priistas Beatriz Paredes, quien había sido presidenta nacional del partido, y después embajadora en ese país, y Enrique Jackson.