Con el firme propósito de situar la regeneración de la tierra en el centro de las políticas públicas del país, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La propuesta busca consagrar la agricultura regenerativa como un eje de Estado indispensable para restaurar la fertilidad del suelo, elevar la productividad agrícola y afianzar la soberanía alimentaria nacional.
El planteamiento legislativo parte de una premisa estructural determinante: el suelo constituye la primera y más importante infraestructura productiva del campo mexicano.
De sus niveles de fertilidad, su capacidad para captar e infiltrar agua, su riqueza en materia orgánica y su biodiversidad dependen directamente el abasto de alimentos, la resiliencia frente a sequías prolongadas o lluvias torrenciales y el bienestar económico de millones de familias del medio rural.
“La productividad del campo no puede sostenerse si se degrada la tierra que la hace posible. Cuidar y recuperar nuestros suelos no significa producir menos; significa producir mejor, reducir riesgos y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir viviendo del campo”, puntualizó la legisladora Sosa Ruiz.
La urgencia del marco legal encuentra un sólido respaldo en las estadísticas del Censo Agropecuario 2022. México cuenta actualmente con más de 29.8 millones de hectáreas con vocación agrícola y cerca de 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria en activo.
No obstante, el 74 por ciento de esta superficie es de temporal, lo que condiciona las cosechas a las lluvias y a la capacidad del terreno para conservar humedad.
El diagnóstico oficial expone las severas dificultades que enfrentan cotidianamente las y los productores en el territorio nacional:
El 88.8 por ciento de las unidades productivas sufre por los altos costos de insumos y servicios.
El 61 por ciento reporta pérdidas económicas derivadas de factores climáticos o biológicos.
El 29.9 por ciento señala la pérdida de fertilidad del suelo como uno de los principales obstáculos para sostener su actividad.
Frente a este escenario, la enmienda incorpora una definición jurídica formal de la agricultura regenerativa, concibiéndola como un enfoque integral y adaptativo enfocado en conservar, restaurar y potenciar progresivamente la salud del suelo, el ciclo hídrico, la biodiversidad, la resiliencia climática y la rentabilidad de las parcelas.
“La innovación del campo mexicano debe construirse desde el territorio. Se trata de combinar conocimiento científico, tecnología y experiencia campesina para que cada productor pueda elegir las prácticas que mejor funcionen en su parcela y medir sus resultados”, subrayó Olga Sosa.
En materia de asignación presupuestal, la reforma instruye que los apoyos gubernamentales den absoluta prioridad a pequeñas y medianas unidades productivas, ejidos, comunidades, mujeres rurales, jóvenes y productores establecidos en zonas con degradación de suelos, estrés hídrico o marcada vulnerabilidad climática.
Reglas de apoyos, evaluación técnica e impacto en Tamaulipas
Asimismo, para blindar la autonomía y libertad productiva del sector campesino y evitar que este modelo se desvirtúe como un simple membrete mercantil, se estipula que ningún incentivo público podrá condicionarse a la compra forzosa de marcas, insumos, tecnologías o certificaciones privadas en específico.
Para garantizar su correcta aplicación técnica, la iniciativa faculta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para diseñar e implementar indicadores de evaluación rigurosos.
Estos parámetros medirán materia orgánica, erosión, cobertura vegetal, infiltración y retención de agua, compactación, salinidad, disponibilidad de nutrientes, eficiencia en el uso de insumos, productividad y rentabilidad de los cultivos.
En el caso de Tamaulipas, entidad con un arraigado liderazgo agrícola y ganadero, esta reforma abre una ventana estratégica para superar retos críticos como la escasez hídrica, la degradación de las parcelas y los altos costos operativos.
Su implementación facilitará diagnósticos precisos, asistencia técnica, innovación tecnológica y proyectos a la medida para cada región del estado (desde la frontera y la zona centro hasta las regiones cañeras y el sur), resguardando el patrimonio de las familias rurales y consolidando un campo más competitivo, rentable y resiliente.
“Un suelo sano produce más, resiste mejor las sequías y disminuye la vulnerabilidad de quienes trabajan la tierra. La agricultura regenerativa representa una oportunidad para innovar, elevar la productividad y sembrar un futuro más próspero para el campo mexicano”, concluyó la senadora.
DG