El año pasado, 200 defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados en todo el mundo, más de tres cuartos de ellos en Latinoamérica, una región donde los activistas enfrentan la explotación indiscriminada de recursos naturales, reveló un informe de la ONG Global Witness.
Si bien la cifra es menor a los 227 ambientalistas que perdieron la vida en 2020, supone un incremento para países como México, Brasil, Nicaragua y Perú que, juntos, suman poco más de la mitad de las muertes reportadas en el mundo.
De todas las naciones, México fue donde más asesinatos se produjeron, con 54, un salto desde los 30 reportados por Global Witness en 2020.
Colombia pasó del primer lugar, que había ocupado por años, al segundo con 33 asesinatos. Le siguen Brasil, con 26 casos; Filipinas, con 19; y Nicaragua con 15.
El resto de países incluyen a India, República Democrática del Congo y varias naciones de Latinoamérica como Honduras, Perú, Guatemala, Venezuela, entre otras.
Más del 40 por ciento de los ataques mortales se dieron contra indígenas a pesar de que sólo representan el 5% de la población mundial.
"Estos ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra los defensores que están siendo objetivos de gobiernos, empresas y otros actores no estatales, con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización. Esto está sucediendo en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores", dijo Global Witness.
En México, al menos el 40 por ciento de los ataques provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo con cifras oficiales. Además, el nivel de impunidad roza el 96%, dijeron autoridades a Reuters.
En la mayoría de los casos en los que no se pudo identificar un sector, Global Witness, con sede en Londres y Washington, descubrió que los conflictos por la tierra eran un factor clave de los ataques.
"Donde se pudo identificar un sector, poco más de una cuarta parte de los ataques letales estuvieron relacionados con la explotación de recursos (forestales, mineros y agricultura a gran escala) e hidroeléctricas. Sin embargo, es probable que esta cifra sea mayor, ya que las razones detrás de los ataques a menudo no se investigan adecuadamente ni se informan", explicó.
La minería y las actividades extractivas fueron el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos con 27 casos. La mayoría de ataques letales ocurrieron en México, con 14, seguido de Filipinas, con seis, y Venezuela, con cuatro.
La violencia, sostuvo Global Witness, se ha dado a pesar de que el Acuerdo de Escazú -un tratado latinoamericano para protección del medioambiente- entró en vigencia en abril de 2021.
Países clave que son peligrosos para las personas defensoras, como Brasil y Colombia, aún no han ratificado el acuerdo, mientras que otros como México, que lo han ratificado, aún deben implementarlo de manera efectiva.
JLMR