Estados combaten “a ciegas” la corrupción, advierte ONG

En 30 estados no se sabe cuánto dinero se destina a combatir la corrupción.

Liliana Alvarado, directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas | Juan Carlos Bautista
Rafael Montes
Ciudad de México /

En los estados del país, con excepción de Jalisco, no hay claridad de cuánto es el presupuesto que se asigna cada año a las instituciones dedicadas a sus programas de prevención y combate anticorrupción, lo que significa que trabajan “a ciegas” y sin conocer los resultados del uso de esos recursos, asegura ONG.

“Es muy difícil evaluar una política pública si no sabes cuántos recursos le estás asignando y si tampoco sabes si se están usando de una manera efectiva o no; es como estar trabajando con una gran venda negra en los ojos sin saber ni cuánto, ni para qué, ni quién ejerce, cuánto ejerce, para qué ejerce, es básicamente estar trabajando a ciegas”, asegura en entrevista con MILENIO, Liliana Alvarado, directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

¿Qué es Ethos?

Ethos es una organización civil que desde 2018 impulsó la creación del primer Anexo Transversal Anticorrupción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Un Anexo Transversal es un apartado en el PEF en el que se desglosa cuánto dinero se asigna a cada institución pública que tiene participa en prevenir, combatir y sancionar la corrupción.

“Cuando arranca el Sistema Nacional Anticorrupción y las réplicas estatales, surge la pregunta sobre cuántos recursos deberíamos destinarle al sistema y a las diferentes instancias para que pudiera operar correctamente y nos damos cuenta en ese momento que no tenemos cómo rastrear cuántos recursos efectivamente se le están dando a esas instancias, quién está ejerciendo esos recursos y en qué medidas, acciones o estrategias se están usando”, explica Alvarado.

Sin embargo, lograr la incorporación de este anexo en el PEF, fue difícil.

“Trabajamos durante un par de años y logramos que se aprobara el Anexo Transversal Anticorrupción a nivel federal en el 2018, pero desafortunadamente ese anexo desaparece para el 2020 porque todavía no está atado a una ley que lo haga obligatorio; después volvimos a hacer una campaña de incidencia y a trabajar para que se restableciera en el 2021 y eso es lo que nosotros ahora tenemos con el anexo en el 2021”, detalló.

En el presupuesto de 2021, el Anexo Transversal Anticorrupción describió el reparto de más de 3 mil millones de pesos entre las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Y aunque esto significa un gran avance en la transparencia del uso de los recursos, la especialista afirma que ahora es necesario establecer indicadores para evaluar si los recursos que se asignan son bien empleados y si son suficientes o insuficientes.

“Apenas tenemos una primera fotografía, pero sería muy importante que esos segundos pasos o terceros pasos, a futuro, contemplaran la efectividad de esas medidas, acciones o estrategias hacia el combate a la corrupción”, afirma.

Liliana Alvarado, directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas | Juan Carlos Bautista

Estados reticentes

Liliana Alvarado lamenta que ha sido difícil replicar esta transparencia del presupuesto a nivel estatal.

A diferencia de Jalisco, en donde ya existe un anexo que detalla el uso de 323 millones de pesos para tareas anticorrupción en 2021, y de Chihuahua, que en 2022 implementará el suyo, hay una resistencia de los demás estados para que, en sus presupuestos de cada año, describan cómo reparten los recursos destinados al tema.

Falta de voluntad política y considerar que desglosar un presupuesto implica más trabajo son los obstáculos a vencer, dice Alvarado.

“Se necesita voluntad política de muchos actores, en principio, de la Secretaría de Finanzas o de la Secretaría de Hacienda del estado, del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del sistema estatal anticorrupción”, afirma.
“Sí me parece que es algo muy básico, pero muchas de estas instancias no perciben la importancia de la misma manera que nosotros lo hacemos y también hay una parte en la que ellos consideran que va a ser trabajo adicional y que prefieren no hacerlo”, explica.

Para poder convencer, dice Alvarado, Ethos hace un trabajo casi artesanal, para reunir a actores políticos e interesarlos en el tema.

Pero para ella no todo está perdido, pues de las 16 entidades federativas que ya tienen una política estatal anticorrupción, Ethos ya trabaja con ocho para elaborar su anexo transversal en sus presupuestos de egresos.


LG 

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