En la Ciudad de México, nueve de cada 10 escuelas primarias incumplen con la regulación de alimentos y bebidas, por lo que los menores consumen más de 550 calorías a través de productos ultraprocesados en un día escolar, y se proyecta que uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida, informaron las organizaciones El Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Coalición ContraPESO.
Por ello, organizaciones civiles solicitaron a legisladores aprobar la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para proteger los derechos de las y los estudiantes a contar con entornos escolares saludables.
Y es que, a un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2022/2023, más de 25 millones de estudiantes regresaron a entornos escolares que promueven malnutrición y enfermedades, coincidieron las organizaciones.
En 2016, el gobierno mexicano declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, situación alarmante no sólo por la enfermedad y muerte prematura, sino también por el impacto económico que representan. Atender la epidemia de obesidad equivale al 5.3 por ciento del PIB anual (gasto superior al presupuesto asignado a instituciones como IMSS e ISSSTE), situación insostenible para el sector salud.
Actualmente, en México cuatro millones de niñas y niños en edad escolar viven con sobrepeso y obesidad, y, de no tomar medidas urgentes, uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida.
En un día de jornada escolar se consumen más de 550 calorías provenientes de productos ultraprocesados que se relacionan con daños profundos en el aprendizaje y la salud, además, la prevalencia de obesidad infantil aumenta casi 50 por ciento al finalizar la educación primaria.
Un estudio realizado en junio del 2022 en 77 escuelas primarias de la Ciudad de México encontró que, aún en el alarmante contexto de la pandemia por coronavirus, las escuelas continuan promoviendo ambientes no saludables.
De ahí que nueve de cada 10 incumplen con la regulación vigente de alimentos y bebidas, pues 73 por ciento vendían comida rápida, 75 por ciento botanas dulces, 67 por ciento botanas saladas y 40 por ciento bebidas azucaradas, incluyendo refrescos
El 90 por ciento tenían venta ambulante de comida chatarra afuera de los planteles (77 por ciento tenían de uno a seis puestos).
El 76 por ciento no contaban con acceso a agua potable para consumo. Y hubo un acceso limitado a alimentos saludables como verduras, frutas, cereales integrales y semillas.
En conferencia de prensa, Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, declaró que “desde el 2010, se creó una regulación de alimentos y bebidas en escuelas, sin embargo, su diseño fue intervenido por la industria alimentaria, logrando que fuera más permisiva con los productos ultraprocesados.
Desde entonces, la regulación, al parecer diseñada intencionalmente con profundos vacíos en el diseño, implementación y vigilancia, no se aplica. Durante todo este tiempo, las escuelas se han consolidado como ambientes obesogénicos, motivo por el cual su transformación necesita de acciones integrales encaminadas a adoptar una política de alimentación escolar saludable, justa y sostenible”.
El Poder Legislativo, señalaron las organizaciones, también ha sido responsable de la inacción histórica ante el combate de las epidemias antes mencionadas, violando el derecho de la infancia a entornos escolares saludables. Un reporte elaborado por Probatio (consultoría especializada en la investigación y el análisis en políticas públicas) registró que en las legislaturas LXII (2012-2015) y LXIII (2015-2018) se presentaron 53 iniciativas para regular los alimentos y bebidas no saludables en los diferentes entornos. Sin embargo, 56 por ciento fueron desplazadas y 36 por ciento desechadas.
Lo anterior evidenció la interferencia de intereses comerciales, porque en el Legislativo no han tomado acciones contundentes para combatir las epidemias, desprotegiendo a la infancia, a pesar de encontrarse en los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo, acusaron.
Doré Castillo, coordinadora de la Coalición ContraPESO, declaró:
“Es inadmisible aplazar la protección a la alimentación y salud de la niñez en sus propias escuelas. En estos tiempos de crisis, es crucial garantizar que el entorno escolar sea saludable, en especial para las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por ello, hacemos un llamado a las y los diputados de la Comisión de Educación a aprobar las reformas a la Ley General de Educación. Está en sus manos la oportunidad de corregir las deficiencias previas de la legislación, para garantizar que sea un instrumento efectivo de protección”.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó la Recomendación 39/20197, en la que reconoció la falta de mecanismos de protección en la infancia por la alta disponibilidad de alimentos no saludables en las escuelas, invitando al legislativo a promover cambios normativos para garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim en México, declaró que desde su organización “apoyamos la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación porque es importante incorporar en los estándares legales en nuestro país el concepto de entornos escolares seguros y saludables, ya que responden a una cultura alimentaria tradicional, a sistemas agroalimentarios sostenibles e impulsan contenidos curriculares. El estado mexicano debe contemplar el derecho a la salud desde una visión más amplia y además debe priorizarlo ante cualquier interés económico”.
Por su parte, Chantal Reyes, abogada del Área Legal de El Poder del Consumidor, señaló que “debemos recordar que implementar medidas para mejorar la alimentación escolar genera un avance en el pleno ejercicio de los derechos a la alimentación, salud y educación de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la omisión de las autoridades de promover, aprobar e implementar políticas progresistas en la materia, se traduce en violaciones a estos derechos y al interés superior de la niñez”.
Por último, organismos internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para legislar los entornos escolares de forma eficaz y libre de conflicto de interés, como una prioridad de política pública. Por todo lo anterior, la sociedad civil hizo un llamado al Poder Legislativo, especialmente a la Comisión de Educación, para evitar bloqueos y aprobar la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos escolares saludables, a favor de la infancia de México.
EHR