Para dar el siguiente paso en la construcción de una política anticorrupción en México es necesario profesionalizar a los servidores públicos, mejorar los puntos de contacto entre ciudadanía y administración pública y gobiernos, mejorar los procesos de financiamiento de responsabilidades y desarticular e identificar redes de corrupción de manera eficiente.
Así lo establece la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que las más de 80 organizaciones que conforman la Red por la Rendición de Cuentas, que encabeza Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), presentaron al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con la Ley General del SNA, es facultad del CPC, que actualmente preside Mariclaire Acosta, aprobar, diseñar y promover la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
La propuesta busca que los cargos públicos se asignen por mérito y no por cuotas políticas o relaciones familiares y que la aplicación de la ley no sea con base en decisiones arbitrarias, sino con base en estrategias de información y colaboración para el monitoreo, la investigación y el procesamiento de redes de corrupción.
El documento plantea que las acciones a seguir deben ser vistas “como una política de Estado, que tenga capacidad para modificar los comportamientos institucionales en todo el territorio nacional, en los tres niveles de gobierno, con objetivos y metas definidos; que su ejecución cuente con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, estableciendo prioridades y acciones a seguir; que cuente con mecanismos de medición; que tenga posibilidad de autocorrección y que se encuentre un anclaje programático sistemático, que permita su adecuada implementación por parte de todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción”.
Esta primera versión servirá para iniciar el proceso de consulta nacional para lograr un consenso del mayor número de voces para apropiarse y enriquecer la propuesta.
Lourdes Morales, coordinadora de la Red, afirmó que “no es un documento acabado, ni definitivo pero sí, delimita el problema público que habrá de determinar el rumbo que podría tomar el combate a la corrupción en el país”.
Por ello, exhortó a que “gane quien gane la Presidencia de la República, no abandonemos las rutas de las nuevas causas de la corrupción y construyamos de la mano una política nacional que destruya de una vez por todas con este mal que tanto ha dañado a México”.
Detalló que el centro de la propuesta es describir a la corrupción como un problema de captura que se traduce en la incapacidad del Estado para controlar el particularismo, trasladado a la captura de: puestos, presupuestos, decisiones y el acceso limitado a la justicia.
Por su parte Merino, explicó que la propuesta será sometida a consulta pública nacional en colaboración con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), que él encabeza para su mejora.
Mariclaire Acosta, presidenta del CPC, aseguró que ahora “se tiene una propuesta funcional y articuladora muy importante, pues sin una política, el sistema va a la deriva. Tenemos la posibilidad de voltear la página, de contar con un país con instituciones sólidas y con un Estado de Derecho Funcional”.
JOS