El titular en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado condenó el asesinato de Jesús Bañuelos Acevedo, defensor en la materia, mientras se encontraba afuera de un plantón en el basurero regional ubicado en Atitalaquia.
“El asesinato del señor Bañuelos Acevedo es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país y promueven el derecho al medio ambiente como un bien común para toda la sociedad”, dijo, al tiempo que recordó que “el Estado tiene el deber primordial de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras del medio ambiente, sin importar quién sea el perpetrador”.
Afirmó que “las empresas y el sector privado, que son cruciales para el desarrollo socioeconómico, también pueden jugar un rol muy importante para reforzar el reconocimiento de las tareas de las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente", pero también para “promover la comunicación y transparencia con las comunidades locales potencialmente afectadas por el impacto de sus proyectos, así como para reparar cualquier daño y garantizar la no repetición”.
Este tipo de casos, dijo, resaltan la importancia de la efectiva aplicación del Acuerdo de Escazú, mismo que firmó y ratificó México, documento que establece “la protección de las personas defensoras ambientales como una obligación prioritaria del Estado, pues para gozar del derecho al medio ambiente sano, se debe proteger a quienes lo defienden”.
Pidió a las autoridades tanto estatales como federales “conducir una investigación pronta e imparcial para esclarecer el crimen, en la cual se tome debidamente en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos ambientales que realizaba Jesús Bañuelos Acevedo y que logre identificar y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales”.
Al tiempo que el alto comisionado expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, compañeros y amigos del activista ambiental asesinado.
Esclarecer asesinato
“Las autoridades deben esclarecer el asesinato del activista, pero también debe resolverse de manera urgente el tema del manejo de residuos sólidos pues la región de Tula enfrenta una severa problemática en la materia”, señalaron los diputados por Tula, Octavio Magaña Soto y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quienes dijeron que en el ámbito de sus atribuciones han realizado acciones en favor de los pobladores en este tema.
Octavio Magaña Soto dijo que el tema del relleno sanitario escaló hasta llegar a “una situación totalmente lamentable, que es la muerte de uno de los manifestantes”.
Recordó que desde el principio hubo muchas dudas en torno al relleno y ante ello les indicó entonces a las personas que se oponen al basurero que “los permisos los otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath)”, pero acotó que “la información la reservaron y no se ha podido acceder a ella; han sido muy herméticos desde el principio, esa han ido las principales quejas de los ciudadanos”.
Dijo que acudió junto con algunos legisladores locales al basurero “y vimos nada más un tiradero a cielo abierto”, por lo que consideró que es urgente resolver el tema, pues “no se puede tener bajo estas circunstancias el relleno sanitario, es algo de lo que adolece la región, ya hay un antecedente lo del anterior relleno en donde tiraban cinco municipios y que en diferente momento ha habido conflictos sociales, bloqueos, y no se ha podido subsanar esta parte”.