Detenciones arbitrarias, práctica generalizada en México: ONU

No obstante, también reconocieron la existencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la existencia de las comisiones de derechos humanos.

Malas práctica generalizadas en México: ONU | Foto: unsplash
Fernando Ortiz
Ciudad de México /

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU aseguró que en México persisten deficiencias en el sistema penal, como las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan los derechos de las personas, por lo que planteó eliminar esas figuras.

Este martes, el grupo de expertos

presentó su informe tras la visita oficial realizada a México

del 18 al 29 de septiembre de 2023.

“El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad; la militarización de la seguridad pública, que ha conllevado al incremento de las violaciones a los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones", informó. 

“(También) interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.

El organismo agregó que la detención arbitraria afecta de manera particular a miembros de pueblos indígenas. “Preocupa gravemente la detención de facto de niños y niñas migrantes”, agrega el informe”.

“El Grupo de Trabajo alienta a México a adoptar reformas para eliminar el arraigo y la detención preventiva oficiosa y a adoptar prácticas específicas que proporcionen mayor protección contra la detención arbitraria”, planteó.

En el documento, el Grupo de Trabajo también identificó avances en la materia, como las enmiendas constitucionales de 2011, las cuales "colocaron los derechos humanos en el centro de la Constitución", y la transición desde 2008 hacia un modelo acusatorio de justicia penal.

Además, reconoció la importancia de la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y la modificación de leyes en 2014 para “establecer restricciones a la administración de la justicia por parte de los tribunales militares”.

También, se señaló la existencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la existencia de la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos.

GGAC

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