La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la iniciativa de reforma que busca trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) profundiza la militarización, por lo que pidió a la Cámara de Diputados reconsiderar las iniciativas.
“Trasladar su control y operación a esa Secretaría enmarca un proceso de profundización de la militarización, en sentido contrario a lo establecido por los estándares internacionales en la materia”, afirmaron en un escrito enviado a la Mesa Directiva.
Esta reforma fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 22 de agosto de 2024, misma que pretende reformar los artículos 21, 89, 13 y 129 de la Constitución para hacer de la Guardia Nacional una fuerza armada permanente integrada por personal de origen y formación castrense, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual, según la ONU-DH, supone una expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Aunado a esto, la ONU-DH menciona que debe garantizarse que “la Guardia Nacional sea una institución civil, bajo el mando y control d e la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” para asegurar que “ninguna autoridad militar pueda, en tiempos de paz, ejercer funciones mayores a los que guardan estricta conexión con la disciplina militar”.
Asimismo, instó a “limitar el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y avanzar en una desmilitarización progresiva”.
En este sentido, refirió que el informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU recomendó que México garantice la "progresiva desmilitarización de las actividades de seguridad pública" y asegure que la intervención de las Fuerzas Armadas sea "estrictamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil".
En el escrito, la ONU-DH hizo un llamado a reconsiderar la reforma propuesta, argumentando que las modificaciones "van en sentido contrario al cumplimiento de normas internacionales".
La Oficina subrayó que esta medida contradice las recomendaciones de múltiples organismos internacionales y resoluciones jurisdiccionales, que abogan por mantener a la Guardia Nacional bajo jurisdicción civil.
Finalmente, la ONU-DH instó al Congreso a reconsiderar estas reformas y a priorizar un modelo de seguridad basado en instituciones civiles, advirtiendo que aprobar estas modificaciones sería "hacer permanente lo que debería ser transitorio" y constitucionalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, lo que, según la Oficina, alteraría las relaciones cívico-militares y afectaría los derechos de la población.
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