La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su respaldo a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, así como a la periodista Marcela Turati, frente a la investigación en su contra por delincuencia organizada y secuestro, en relación con la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
En ese sentido la Oficina expresó su preocupación porque el Estado mexicano utilice indebidamente el marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista.
“Resulta especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las de desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos”, señaló la ONU-DH.
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Por ello, dijo que es esencial que las autoridades mexicanas envíen a la sociedad una señal clara que estos hechos no son tolerados, mediante una investigación de oficio que permita determinar las responsabilidades de quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos.
“Instamos a las instituciones del Estado mexicano, tanto en el nivel federal como estatal, a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma”, detalló la Oficina.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), ordenó realizar actos de investigación sobre Delgadillo, Doretti y Turati que implicaron la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización, haciendo uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México. Estos hechos se habrían extendido al menos entre febrero de 2015 y abril de 2016.
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La ONU-DH detalló que en los periodos en que se realizaron las investigaciones contra estas tres mujeres, “las más altas autoridades de la PGR sostuvieron reuniones con las investigadas, en ocasiones en compañía de ONU-DH, y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en las mencionadas masacres”.
Además, la Oficina hizo hincapié en que esta información se suma a la evidencia del uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y otras denuncias relativas a posibles abusos en el uso de las capacidades de investigación y espionaje del Estado mexicano, lo cual ratifica la necesidad de un mayor control y transparencia sobre dichas capacidades para prevenir abusos e ilegalidades que socavan la vigencia de los derechos humanos.
EHR