La Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una misiva para externar su preocupación por el impacto que tendría la Ley de Seguridad Interior en el respeto a los derechos humanos.
A través del Consejo de Derechos Humanos, se enviaron el pasado 12 de noviembre los señalamientos que realizaron 6 grupos de especialistas en diversas áreas de los derechos humanos quienes coinciden en los riesgos que conlleva la permanencia de esta ley.
“Nos preocupa la posibilidad de que la Ley tenga el efecto de ampliar el rol de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana y exacerbar el ya elevado nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”, refiere la misiva.
En el documento se realizan una serie de observaciones sobre distintos puntos contenidos en la legislación que resultan incompatibles con el respeto a los derechos humanos, una obligación que asumió México al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1981.
Entre las observaciones que se hacen, destaca el hecho de que no sólo no se establece un límite para la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior; sino que incluso se posibilita la duración indefinida de su participación.
Ante este panorama, aseguran, es un claro desincentivo para que las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales fortalezcan sus instituciones de seguridad civil y no aborda su fortalecimiento real y efectivo.
De igual forma evidencia la ambigüedad de algunos conceptos contenidos como es el de “seguridad interior” o “actos de resistencia” que resultan confusos en relación con las obligaciones de México en materia de derechos humanos, y que no contribuyen a definir lo que harán las autoridades, incluidas las fuerzas armadas.
En la misiva, también se recuerda a los ministros que desde 2010 el Comité de Derechos Humanos llamó a nuestro país a garantizar la seguridad pública a través de las fuerzas de seguridad civiles y no militares; mientras que diversos especialistas han hecho recomendaciones que no han sido atendidas hasta ahora.
Por lo que se exhortó a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar debidamente las preocupaciones de la ONU en sus discusiones y deliberaciones sobre la Ley de Seguridad Interior que se llevan a cabo.
Entre los firmantes del escrito se encuentran los Grupos de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Desapariciones Forzadas o Involuntarias; así como los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y sobre el derecho a la privacidad.