El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a México dejar de criminalizar la defensa de los derechos humanos, tras decidir el caso de Damián Gallardo, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, quien fue detenido y torturado durante más de cinco años por un delito que no cometió.
"El Sr. Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.
En una decisión publicada hoy, el órgano contra la tortura de la ONU determinó que Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Por lo que exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos.
Aunado a lo anterior, solicitó que el Estado mexicano le proporcione a él y a sus familiares una reparación integral, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del Comité incluso en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca.
"Los familiares directos del Sr. Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, agregó Vedel Kessing.
De acuerdo con el Comité de la ONU, en mayo de ese año, siete policías irrumpieron en la casa de Gallardo Martínez mientras descansaba y lo arrestaron, sin orden judicial; estuvo detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.
Según el miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la Región Mixe, los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres, por lo que fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.
Con base en esta “confesión”, fue acusado de participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México; Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
Durante este tiempo, el defensor de derechos humanos fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
Además, mientras estuvo detenido, su padre permaneció diariamente en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia para su hijo. Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena.
Gallardo Martínez y su familia presentaron en México denuncias por los actos de tortura, pero estas no dieron lugar a ninguna investigación significativa. Por lo tanto, llevaron su caso ante el Comité en 2019.
scsa