Antonino De Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sentenció que la prisión preventiva, lejos de extenderse, debería eliminarse.
Al participar en las Audiencias Públicas sobre las reformas al artículo 19 constitucional, en la Cámara de Diputados, explicó que ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva significaría un retroceso en la política criminal mexicana, que provoca criminalización de la pobreza y la sobrepoblación carcelaria.
“Concluimos que la prisión preventiva oficiosa es una figura que, lejos de extenderse, debería eliminarse y es por eso que la UNODC quisiera alentar al Congreso a considerar estas normas y reglas internacionales en el debate y brindar asistencia técnica y legislativa para adopción de medidas políticas públicas basadas en evidencia, buenas prácticas, con miras a lograr avances en la construcción de una justicia imparcial y eficaz”, destacó.
De acuerdo con Antonino De Leo, los estándares internacionales plantean que el uso de la prisión preventiva debe utilizarse únicamente de manera excepcional y como último recurso. En este sentido, mencionó que el debido uso de esta figura aplica sólo en tres casos: riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o debido a la complejidad del caso.
Por tanto, dijo que los trabajos se deben enfocar en reducir el uso del encarcelamiento, priorizar el respeto a los derechos humanos e invertir en reinserción social y prevención de reincidencia delictiva.
Explicó que, en los últimos tres años, México logró reducir 24 por ciento la población carcelaria y de aprobarse la reforma se revertiría la tendencia positiva y se generaría un problema de hacinamiento carcelario “que en este momento no tenemos”.
Además, remarcó que está comprobado que el encarcelamiento afecta de manera desproporcional a la población pobre, analfabeta y de educación limitada.
“Vacía y hueca, reforma al artículo 19": Rodolfo Félix
En su intervención, el ex procurador de justicia capitalino, Rodolfo Félix, calificó como “vacía” y “hueca” la reforma propuesta al 19 constitucional ya que no tendrá aplicación inmediata. Por ejemplo, mencionó que sumar al huachicoleo al catálogo de delitos, así se detenga a una persona con cinco litros de gasolina, sin importar si son mejores, se generaría un efecto muy grave para la población.
“Va a ser muy fácil que las autoridades les carguen cinco litros de gasolina y con eso vamos a tener a niños en la cárcel, por una tontería, alguna cosa de este tipo no por ser delincuentes, mínimo van a estar tres años. En esos tres años ya fueron violentados, con alto rango de posibilidad sexualmente y captados por la delincuencia organizada”, puntualizó.
Los expertos que participaron en la mesa se pronunciaron de manera unánime contra la prisión preventiva oficiosa al argumentar que esta reforma subsidia la falta de capacidad de investigación, es regresiva y cuesta al estado más que la creación de políticas preventivas.
“El populismo penal, desde Barrabas a esta iniciativa, contraproducente irracionales e injustos”, puntualizó Guillermo Zepeda Lecona, director de Jurimetría.
evl