La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente por revelar los nombres de tres personas acusadas por el operativo Rápido y Furioso, nombres que pueden surgir de una baraja de 11 de ex funcionarios.
La lista de los ex servidores públicos de mayor nivel la encabezan los ex procuradores generales de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, así como el ex presidente Felipe Calderón.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete órdenes de aprehensión por el envío de armas de Estados Unidos a México a través del operativo Rápido y Furioso, entre ellos contra Genaro García Luna; su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino; y el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
No obstante, no se reveló el nombre de las otras cuatro personas que también se ordenó detener.
Este jueves se supo que el cuarto acusado es el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, quien también compareció desde el año pasado. Este jueves se le cumplimentó la orden de aprehensión luego de ser detenido por un accidente vial.
De esta manera permanece la incógnita sobre las otras tres personas acusadas por Rápido y Furioso.
Entre enero y febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales. Los de mayor jerarquía: el ex presidente Felipe Calderón y sus tres ex procuradores generales de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Mariela Morales.
Los demás funcionarios que declararon ante el Ministerio Público, de acuerdo con fuentes federales, tienen un nivel jerárquico menor.
Se trata de ex mandos de la Policía Federal que hoy están al frente de áreas de la FGR, a quienes se les preguntó si tuvieron conocimiento del operativo que puso en marcha en 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), la cual introdujo más de dos mil armas de fuego a México para identificar a los compradores, armamento que se perdió y llegó al cártel de Sinaloa y otros.
Asimismo, se llamó al ex jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García, contra quien existen señalamientos en Estados de Unidos de haber ayudado al cártel de Sinaloa, lo mismo que Cárdenas Palomino.
De igual manera, se citó a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, actual titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR, quien también ocupó cargos en la Policía Federal.
Además, se le envió citatorio para declarar a la también ex comisionada de la Policía Federal y ex secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México, Maribel Cervantes.
Carlos Fernando Luque Ordóñez, quien formó parte de la PGR y que fue enviado a Arizona como enlace con la oficina de la ATF en 2009, fue citado a comparecer.
El ex suboficial de la Policía Federal y después agente del Ministerio Público Federal, Armando López Hernández, así como el agente del Ministerio Público Federal, Sac Nicte Ruiz Rodríguez, fueron llamados a declarar.
Lo mismo, el ex fiscal y ex encargado de despacho de la Seido, Rodrigo Archundia Barrientos.
En la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Seido, también se pidió la comparecencia del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019, por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, y contra quien existen diversas órdenes de aprehensión por el probable delito de enriquecimiento ilícito, ahora se sabe que también por el caso Rápido y Furioso.
También se convocó al ex coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino; el ex servidor público fue detenido en julio de 2021, tras ser señalado como supuesto responsable de torturar a los sobrinos del presunto secuestrador Israel Vallarta Cisneros, ex pareja de la francesa Florence Cassez, caso donde se libraron 14 órdenes de captura contra elementos de la Policía Federal.
En 2011, el activista Julian Assange creador de Wikileaks filtró cables diplomáticos sobre las actividades del gobierno de EU en diversas partes del mundo, uno de ellos que Washington dio luz verde al operativo.
AA