La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) ampliar su investigación sobre el uso que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio al avión de la Guardia Nacional en abril de 2022 para supuestamente acudir a asambleas sobre la revocación de mandato.
La ampliación de la investigación, a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, deberá incluir una solicitud a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) más datos sobre los movimientos que la aeronave hizo para aclarar inexactitudes en las horas en que aterrizó y despegó.
En sesión pública de la Sala Especializada, por mayoría de dos votos, fue rechazado el proyecto de sentencia presentado por la magistrada Gabriela Villafuerte, en el que se proponía declarar la inexistencia del uso indebido de recursos públicos por parte del entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que no se encontró evidencia de que la aeronave hubiera sido utilizada únicamente para acudir a las asambleas en cuestión, sino que el motivo principal de su utilización fueron las reuniones de seguridad que encabezó en Saltillo, Coahuila, y Hermosillo, Sonora.
Los magistrados Rubén Jesús Lara, presidente de la Sala, y Gustavo Pale Beristáin, magistrado en funciones, consideraron que no había elementos suficientes para aprobar el proyecto como fue presentado.
Dicho proyecto se realizó en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, la cual concluyó que el entonces secretario sí incurrió en violación al artículo 134 constitucional al haber acudido a asambleas de promoción de la revocación de mandato, pero regresó el expediente a la Sala Especializada para que determine si, además, hubo uso indebido de recursos públicos.
Aunque para Villafuerte no existe evidencia de ello y sí la hay sobre las reuniones de seguridad que encabezó, para los otros dos magistrados de la Sala, es necesario indagar con mayor amplitud.
La magistrada consideró que regresar el expediente una vez más al INE “es una dilación innecesaria del asunto”, pues, aunque sí se sabe que López Hernández acudió a las asambleas sobre revocación de mandato, sostuvo que el motivo principal para el uso del avión no fueron esos actos políticos, sino las reuniones de seguridad que encabezó en su calidad de secretario de Gobernación, actividades legítimas del ex funcionario.
“¿Qué tenemos que determinar? Si ese recurso público se utilizó indebidamente. Desde mi punto de vista, ¿cuál sería una razón sólida para determinar que ese recurso público ─avión─ se utilizó indebidamente? Es que tuviéramos noticia, indicio, pruebas que se pudieran concatenar, para llegar a la conclusión que estas reuniones de seguridad no se dieron, no tuvieron lugar”, argumentó.
“Ya sabemos que se usó para asistir a las asambleas de revocación; si sólo tuviéramos eso, indiscutiblemente sería un uso indebido de un recurso público llamado avión, pero sí sabemos que se utilizó ese recurso público para ir a dos reuniones de seguridad, que, hasta ahorita, no tenemos prueba o indicio de que no se hayan llevado a cabo, al contrario, tenemos demostrado por un sinnúmero de requerimientos que sí se llevaron a cabo”, añadió.
Lara Patrón argumentó su voto en contra por dos razones: primero, que López Hernández no ejerció su garantía de audiencia, pues al modificar su domicilio, no se le notificó adecuadamente de la cita para la audiencia, y segundo, porque existen discordancias en los horarios en las bitácoras que se obtuvieron, las cuales tienen que ser subsanadas con una investigación mayor.
“Hay unas manifestaciones encontradas, o aparentemente encontradas, en relación a qué hora fue el vuelo, a qué hora llegaron a la ciudad, a qué hora se llevó a cabo el primer evento, que me parece que tendríamos que investigar para efecto de dar cumplimiento debido a la resolución de Sala Superior, en donde prácticamente ya nos dijeron que es irrelevante que haya asistido, que el funcionario haya asistido, a un evento oficial y que lo que tenemos que verificar es si fue correcto usar el avión oficial para ir a un evento donde se difundió el tema de la revocación de mandato”, expuso.
Al respecto, Pale Beristáin consideró que se tiene que hacer un requerimiento a la SICT.
“Pensaría que en algunas otras diligencias podría estar el requerir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pudiera remitir, entre otra información, la relacionada con la autorización de los vuelos, al ser la instancia encargada de autorizar tanto el tráfico aéreo de aeronaves civiles y militares, creo que eso podría dar luz para resolver la posible inconsistencia que advertíamos al analizar el expediente”, argumentó.
El expediente ya había sido regresado en dos ocasiones a la UTCE, por lo que será la tercera vez que se reencauce.